No basta con destituir a los criminales de guerra estadounidenses: deben ser juzgados en La Haya

La rendición de cuentas por la guerra contra Irán debe abordar su ilegalidad y las víctimas civiles, y no limitarse únicamente a sus costes económicos. No basta con someter a juicio a los criminales de guerra; su lugar está en La Haya.

Por Zainab Zakariyah


Días después de la desastrosa derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura, el diputado Thomas Massie anunció que volvería a presentar sus artículos de destitución contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tan pronto como el Congreso se reanude la próxima semana.

Afirma que solo una cosa podría detenerlo: la dimisión de Hegseth. El intento anterior de Massie, en septiembre, se vio frustrado cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envió a los legisladores a casa antes de tiempo en lugar de permitir la votación. En Washington, esta es una historia sobre política y un cargo público.

En el sur de Irán, sin embargo, es una historia de vidas arrebatadas, injusticia normalizada y miles de familias que se ven obligadas a lidiar con un dolor inimaginable y preguntas sin respuesta sobre quién debe rendir cuentas.

Una madre se sienta bajo un árbol que le encantaba a su hija, llorando por unos sueños que ahora solo perduran en la memoria. Un padre recorre cada día el camino hasta el cementerio para leerle cuentos antes de dormir a su pequeña, tal y como hacía cuando ella aún vivía.

Es la única forma en que puede empezar a aceptar una pérdida que se ha convertido en su nueva realidad. Un hermano apoya la cabeza sobre la tumba de su hermana mayor, incapaz de aceptar que los cálidos abrazos que una vez recibió de ella hayan sido sustituidos ahora por la fría tierra bajo la que yace.

Estas son las consecuencias humanas de una decisión política irreflexiva tomada a miles de millas de distancia, por hombres trajeados que ordenaron los ataques del 28 de febrero que alcanzaron la escuela Shajareh Tayyebeh (el «Árbol Bendito») en Minab, matando a 168 escolares y extinguiendo las esperanzas y los sueños de cientos de familias.

El caso contra Trump, Hegseth, Rubio y Bessent

Los ocho artículos de acusación de Massie acusan a Hegseth de librar una guerra ilegal y no provocada contra Irán sin autorización del Congreso, de continuar la guerra a pesar de las exigencias del Congreso de que se retirara, de no tomar las medidas adecuadas para minimizar las bajas civiles, de emplear fuerza letal contra presuntos narcotraficantes al margen de los procedimientos establecidos por las fuerzas del orden y de tomar represalias contra el senador Mark Kelly por recordar a las tropas estadounidenses que tienen el deber de desobedecer órdenes ilegales.

Según los criterios estadounidenses, el caso es convincente. Hegseth ha tratado la Resolución sobre los Poderes Bélicos como poco más que una sugerencia, ha vuelto el poder del Pentágono contra un senador por alzar la voz, ha seguido presionando para conseguir un paquete militar de 350 000 millones de dólares y ha presidido un departamento que está ocultando sus propias conclusiones sobre el ataque a la escuela de Minab hasta después de las elecciones de mitad de legislatura.

La guerra contra Irán es profundamente impopular, ha disparado los precios en todo el mundo y ha puesto en peligro a las tropas estadounidenses en una guerra que el Congreso nunca autorizó.

Hegseth debería dimitir, al igual que su jefe, Donald Trump, y otros como Marco Rubio y Scott Bessent. Todos ellos han sido cómplices de la guerra contra Irán y tienen las manos manchadas de la sangre de inocentes.

Que lo hagan o no es otra cuestión. Los republicanos mantendrán el control de la Cámara de Representantes hasta enero, cuando está previsto que los demócratas tomen el relevo. Hasta entonces, los criminales de guerra de la Administración Trump están amenazando a los republicanos que apoyan el juicio político.

Pero hay una pregunta más fundamental: ¿de qué, exactamente, se le está exigiendo responsabilidades al secretario de Guerra estadounidense?

Lo que oyeron los iraníes

Cuando hablé con iraníes sobre el proyecto de ley de juicio político, a nadie le impresionó. Su razonamiento fue contundente. Los estadounidenses, argumentaban, no se estaban moviendo contra Trump y Hegseth porque la guerra fuera ilegal, ni por la masacre de la escuela de Minab, ni por el ataque al pabellón deportivo de Lamerd —donde murieron 21 personas, en su mayoría niños—, ni por el ataque a una boda en Kuhestak, ni por los ataques al Hospital Gandhi, al Instituto Pasteur y a la planta farmacéutica de Tofigh Daru.

Se están movilizando contra los criminales de guerra porque la guerra no logró alcanzar sus objetivos declarados y no declarados. Los estadounidenses odian esta guerra porque ha disparado el precio del gasóleo, la gasolina y los alimentos en su país. Si la guerra no hubiera afectado a sus bolsillos, los iraníes seguirían enterrando a sus muertos sin que a Washington le importara lo más mínimo.

Hay una historia detrás de esta percepción, y no es difícil entender por qué persiste.

En marzo de 2003, George W. Bush lanzó la invasión de Irak, alegando que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva y representaba una amenaza inminente para la seguridad.

Nunca se encontraron arsenales activos de esas armas. Lo que siguió fue la devastación de todo un país: el colapso de los servicios esenciales, años de ocupación, insurgencia y violencia sectaria.

Millones de iraquíes murieron como consecuencia directa o indirecta de la brutal invasión y sus secuelas. Las sanciones lideradas por EE. UU. ya habían devastado el país, con al menos medio millón de niños fallecidos como resultado de sus efectos. La invasión también creó las condiciones que facilitaron el auge del grupo terrorista Daesh, agravó las divisiones sectarias y contribuyó a la fragmentación de Irak.

Las consecuencias se extendieron mucho más allá de Irak, reconfigurando toda la región de Asia Occidental. La invasión afianzó aún más el unilateralismo estadounidense y la doctrina del excepcionalismo, lo que ayudó a allanar el camino para posteriores intervenciones en Libia, Siria, Somalia y Sudán.

Sin embargo, en noviembre de 2004, los estadounidenses reeligieron a Bush.

Vale la pena recordar que la oposición a la guerra nunca estuvo ausente. Millones de personas se habían echado a las calles en señal de protesta antes de la invasión, y la opinión pública estadounidense se volvió cada vez más en contra de la guerra a medida que esta se prolongaba. Sin embargo, el día de las elecciones, la mayoría de los votantes siguió respaldando al presidente que había llevado al país a una guerra innecesaria. Bush se aseguró otros cuatro años en el cargo.

En diciembre, una encuesta del *Washington Post* y la ABC reveló que el 56 % de los estadounidenses creía que no valía la pena librar esa guerra. Pero ese cambio en la opinión pública solo se produjo después de que los soldados estadounidenses siguieran regresando a casa en bolsas para cadáveres y los costes financieros y humanos de la guerra se volvieran cada vez más personales.

A pesar de la ausencia de las armas utilizadas para justificar la invasión, Bush sigue libre para disfrutar de los privilegios de la vida pública. Los estadounidenses compran sus libros, le pagan por dar conferencias en universidades y le reciben con respeto, a pesar de las profundas cuestiones legales y morales que rodean su decisión de invadir Irak.

Para los iraquíes, la distinción entre oponerse a una guerra y exigir responsabilidades a quienes la orquestaron distaba mucho de ser meramente académica. Pagaron esa decisión con sus vidas, sus hogares y la destrucción generalizada de su país. El electorado estadounidense tenía el poder de destituir al presidente responsable. Decidió no hacerlo.

Los afganos y los pakistaníes también sufrieron las consecuencias de la denominada «guerra contra el terrorismo» a mayor escala, a través de la invasión, la ocupación, los ataques con drones y años de inseguridad.

Su sufrimiento no determinó el resultado de las elecciones estadounidenses. Tampoco la destrucción de sus comunidades y la alteración de sus vidas tuvieron el mismo peso político que las preocupaciones económicas y de seguridad de los votantes estadounidenses.

Esta es la indiferencia histórica a la que se refieren muchos iraníes. No es que todos los estadounidenses apoyen la guerra, ni que los estadounidenses nunca salgan a la calle a protestar. Es que la distancia entre quienes toman estas decisiones, quienes los eligen y quienes las pagan con sus vidas es tan enorme que el sufrimiento de las poblaciones extranjeras puede llegar a ser políticamente tolerable.

Un país que aprendió a mirar hacia otro lado

Desde que Estados Unidos se erigió como la potencia dominante del mundo, gran parte de su sociedad ha permanecido físicamente aislada de las guerras que su Gobierno libra en el extranjero. Sus ciudadanos no suelen sufrir la destrucción de sus barrios, el colapso de sus hospitales ni el terror diario de los ataques aéreos.

En cambio, se enfrentan a estas guerras a través de una cobertura informativa edulcorada, superproducciones de Hollywood, discursos políticos y videojuegos.

La guerra de Irak ilustra esta distancia. Los iraquíes que sobrevivieron al brutal régimen de Sadam Husein, luego a la invasión y la ocupación, y finalmente al auge de los terroristas del Daesh en el vacío que siguió, vieron cómo la catástrofe de su país se convertía en un debate más de política exterior.

Y eso es precisamente lo que preocupa a la gente en Irán. Ven una sociedad capaz de movilizarse cuando se ven amenazados sus intereses económicos, pero aparentemente dispuesta a aceptar años de intervención militar siempre y cuando los muertos estén en otro lugar.

Los estadounidenses apartaron la mirada de Vietnam hasta que la guerra se volvió demasiado costosa. Poco a poco dejaron de prestar atención a Irak y Afganistán, y luego compraron entradas para ver éxitos de taquilla basados en el sufrimiento de personas en las que, en gran medida, habían dejado de pensar.

Si las bombas hubieran caído solo sobre hogares iraníes, mientras el precio de la gasolina se mantenía sin cambios, ¿estaría un congresista leyendo los artículos de acusación en el pleno de la Cámara de Representantes?

Si los niños de Minab hubieran sido estadounidenses, ¿se seguirían ocultando las conclusiones del Pentágono hasta después del día de las elecciones? ¿Quién decidió que las conclusiones podían esperar y por qué no se ha identificado públicamente a los responsables?

Cuando un supuesto «error» mata a cientos de niños y nadie rinde cuentas, ¿qué distingue a un error de una política? ¿Y qué dice esto de las prioridades morales de un país cuando el argumento más convincente en contra de una guerra es su coste?

¿Cuál es el tipo de cambio entre un niño iraní y un galón de gasolina? ¿Por qué lo «ilegal» queda relegado a una nota al pie, mientras que lo «caro» acapara los titulares?

La sombra de algo peor

En abril, Trump escribió que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás». Esta semana, Tucker Carlson, un antiguo aliado, afirmó que la Administración podría estar a pocos días de lanzar un ataque nuclear contra la base iraní de Pickaxe Mountain.

La Casa Blanca ha desmentido las afirmaciones de Carlson, alegando que no tiene conocimiento alguno de la planificación militar. Trump descartó el uso de armas nucleares en octubre y declaró al Financial Times que no había ningún plan inmediato para lanzar un ataque.

Pero los iraníes recuerdan lo ocurrido en abril. Un arma nuclear, ya sea táctica o de otro tipo, amenazaría directamente a cientos de miles de personas y a millones más a través de sus consecuencias más amplias.

Tras la declaración de Trump en abril, algunos legisladores pidieron que se invocara la 25.ª Enmienda. Washington pronto pasó página y los estadounidenses volvieron a su rutina diaria. Los iraníes, por su parte, se preguntan por qué deben vivir bajo la sombra de un posible ataque nuclear mientras la vida sigue como de costumbre en EE. UU. y en gran parte del resto del mundo.

Para los iraníes, por tanto, Trump, Hegseth y Rubio deberían ser destituidos y juzgados en La Haya. Debería ser por la ilegalidad de la guerra y los crímenes de guerra cometidos contra los iraníes, no porque la guerra se haya vuelto demasiado costosa como para que los estadounidenses la toleren.

Los iraníes saben que si la destrucción se hubiera limitado a sus hogares, no habría habido audiencias en Washington, ni artículos de destitución, ni nada.

El juicio político puede destituir a un ministro o a un presidente. No puede aliviar el dolor de una madre sentada bajo un árbol, llorando por su hijita asesinada.

Solo la rendición de cuentas puede empezar a hacerlo: mediante una investigación independiente, la publicación de las conclusiones y un proceso ante un tribunal de La Haya u otra jurisdicción dispuesta y capaz de conocer el caso. El lugar de estos criminales de guerra es La Haya.

Redacción de Zainab Zakariyah

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