Por Andrés Piqueras

Vamos a dar un repaso a la corrupción inherente a este partido heredero de las fuerzas políticas franquistas. El partido que dice “venir a salvar España”.
1. Trama Gürtel (1999-2009; investigación desde 2007)
Red empresarial dirigida por Francisco Correa que conseguía contratos de administraciones gobernadas por el PP mediante sobornos, comisiones, regalos y relaciones privilegiadas con cargos públicos. Se acreditaron delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude, blanqueo y delitos fiscales. En 2018 fueron condenadas 29 personas en la primera época de la trama; el Supremo confirmó sustancialmente la sentencia en 2020. El PP fue condenado como partícipe a título lucrativo.
Único partido que ha merecido tal reconocimiento delictivo.
2. Caso Bárcenas y papeles de Bárcenas (1990-2008; publicación en 2013)
Investigación sobre una contabilidad paralela del PP, conocida como caja B, gestionada por sus tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. En una pieza específica se acreditó el pago con dinero no declarado de parte de las obras de la sede de Génova (2005-2010). Bárcenas fue condenado y el PP declarado responsable civil subsidiario por la defraudación tributaria correspondiente; el Supremo confirmó sustancialmente la sentencia en noviembre de 2024.
3. Caso Púnica (2003-2014; operación policial en 2014)
Macrocausa sobre presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, comisiones empresariales, financiación electoral y contratación de servicios de reputación en Internet. Su principal figura política fue Francisco Granados, exconsejero madrileño y antiguo secretario general del PP regional. La investigación se dividió en numerosas piezas: algunas han terminado en condenas y otras en archivos; en julio de 2026 Granados recibió una condena de dos años y medio por irregularidades en contratos de fiestas municipales.
4. Caso Lezo (2001-2017; operación policial en 2017)
Investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública madrileña, y en operaciones empresariales en el Reino de España y Latinoamérica. Su figura política más conocida es Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, detenido en abril de 2017. En 2026 se han celebrado juicios por distintas piezas, entre ellas la compra de la sociedad colombiana Inassa y las adjudicaciones relacionadas con un campo de golf.
5. Caso Palma Arena y caso Nóos (2003-2012; investigaciones desde 2008 y 2010)
Palma Arena: investigación sobre el sobrecoste y las irregularidades en la construcción del velódromo de Palma, cuyo presupuesto pasó de unos 48 millones a cerca de 100 millones de euros. El expresidente balear Jaume Matas fue condenado en distintas piezas por prevaricación, malversación, falsedad, tráfico de influencias y otros delitos.
Caso Nóos: investigación sobre contratos y convenios públicos concedidos al Instituto Nóos, dirigido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, para organizar eventos deportivos y otros servicios. Se acreditaron delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y delitos fiscales. Matas fue condenado por su intervención en las contrataciones públicas. La investigación comenzó en 2010 y el juicio se celebró en 2016.
6. Caso Brugal (2006-2010; investigación desde 2007)
Macrocausa sobre presuntos amaños y sobornos en contratos de recogida de basuras y gestión de residuos en la provincia de Alicante. Entre los investigados estuvo José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación, detenido en julio de 2010. Ripoll fue absuelto en 2024 en la pieza del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja; otras piezas han tenido resultados judiciales diferentes, incluidas condenas en 2026.
7. Caso Taula (2014-2016; operación policial en 2016)
Investigación sobre presuntas irregularidades en empresas públicas dependientes de la Diputación de Valencia, adjudicaciones, contrataciones ficticias y posible financiación irregular del PP valenciano. Entre sus protagonistas figuran Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, y Marcos Benavent, exgerente de Imelsa. El 18 de noviembre de 2026 el Supremo ha confirmado cinco años de prisión para Rus por malversación, prevaricación y falsedad en la pieza de los llamados trabajadores zombis.
8. Caso Pokémon (desde 2012)
Macroinvestigación sobre posibles sobornos, tráfico de influencias, adjudicaciones irregulares y favores a empresas concesionarias de servicios públicos en Galicia y otras comunidades. Afectó a políticos de distintas formaciones, incluidos cargos del PP. Algunas de las piezas gallegas han terminado archivadas, otras siguen en proceso.
9. Caso Auditorio (2006-2026)
Investigación sobre las irregularidades en la adjudicación y construcción del auditorio municipal de Puerto Lumbreras (Murcia), cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde. Se investigó la presunta manipulación del procedimiento de contratación y de la documentación administrativa. En septiembre de 2026 el Tribunal Supremo confirmó su condena a tres años de prisión por prevaricación y falsedad documental.
10. Caso Erial: Eduardo Zaplana y sus colaboradores (1995-2002; detenciones desde 2018)
Condena dictada en 2024.
Investigación sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas durante los gobiernos del “popular” Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. Los hechos principales se relacionan con la privatización de las estaciones de ITV y las concesiones del Plan Eólico valenciano.
Según la sentencia de octubre de 2024, Zaplana recibió comisiones a través de una estructura de sociedades y cuentas en el extranjero, con ramificaciones en Panamá, Luxemburgo y Andorra. Fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal. Excarcelado por asegurarse que estaba enfermo de leucemia. Crónica:
- 2 de mayo de 2018: detenido en la operación Erial.
- 24 de mayo de 2018: ingreso en prisión provisional.
- 18 de diciembre de 2018: ingreso hospitalario por complicaciones derivadas de su leucemia.
- 7 de febrero de 2019: la jueza acuerda su libertad provisional.
- El 15 de octubre de 2024 fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión por el caso Erial.
- La Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso inmediato en prisión mientras se tramitaba el recurso. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2024 la Audiencia Provincial de Valencia decidió mantenerlo en libertad provisional (¡Ah, ese poder judicial tan imparcial!).
(Que se sepa Zaplana debe estar enfermo de risa en la actualidad).
Colaboradores y empresarios condenados:
- Juan Cotino: empresario y antiguo dirigente del PP valenciano, señalado como interlocutor fundamental en los acuerdos relativos a las concesiones de ITV. Falleció oportunamente antes del juicio, pues era la pieza clave conocedora de toda la trama.
- Joaquín Miguel Barceló: amigo de Zaplana y testaferro reconocido en la causa. Participó en la ocultación de la titularidad de fondos y sociedades.
- Francisco Grau: abogado y asesor fiscal relacionado con la estructura societaria y financiera.
- Vicente y José Cotino: empresarios vinculados a las sociedades beneficiarias de las adjudicaciones.
- Francisco Pérez López: empresario condenado también en esta causa.
La Audiencia Provincial condenó a estos cinco colaboradores, además de Zaplana, a penas de entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por distintos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo. Otros ocho acusados fueron absueltos. La sentencia de 2024 no era firme cuando se dictó.
Otros casos
| Caso y fechas aproximadas | Descripción y situación |
| Naseiro (1990-1992) | Investigación por presuntas comisiones ilegales y financiación irregular del PP valenciano. Las escuchas fueron anuladas y la causa terminó sin condenas, a pesar de las pruebas contundentes que había en las escuchas. |
| Andratx (2006-2017) | Corrupción urbanística en Mallorca, con licencias irregulares, prevaricación y tráfico de influencias. El exalcalde del PP Eugenio Hidalgo fue condenado. |
| Caso Fabra (2003-2021) | Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, fue condenado por cuatro delitos fiscales. Esta condena no equivale a una condena por todas las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción que rodearon su trayectoria. |
| Emarsa (2004-2011) | Desvío de fondos de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, en Valencia. Se acreditaron malversación, falsedad, fraude y apropiación de fondos públicos. |
| Cooperación (2008-2011) | Desvío de subvenciones públicas valencianas destinadas a proyectos de cooperación internacional, incluido un hospital en Haití. El exconseller Rafael Blasco fue condenado por malversación, prevaricación y fraude. |
| Faycán (2003-2006) | Trama de cobro de comisiones por adjudicaciones municipales en Telde (Gran Canaria), con participación de cargos del PP. Hubo condenas y responsabilidades civiles. |
| Tótem (2007) | Investigación sobre presuntas comisiones y operaciones urbanísticas en Totana (Murcia). Afectó al exalcalde del PP Juan Morales y dio lugar a condenas. |
| Zerrichera (2005-2019) | Irregularidades en la recalificación de terrenos protegidos en Águilas (Murcia), con cargos políticos y empresarios investigados y condenas en distintas actuaciones. |
| Over Marketing (2003-2012) | Contratación de empresas de publicidad y comunicación en Baleares, con investigaciones de financiación irregular del PP y contratos públicos amañados. Hubo condenas en distintas piezas. |
| Son Espases (2006-2022) | Investigación sobre la adjudicación y construcción del hospital de Palma, por presuntas irregularidades en la contratación pública. Hubo procedimientos y condenas relacionados con la adjudicación. |
| Operación Kitchen (2013-2015; investigación desde 2018) | Presunta utilización de recursos policiales del Ministerio del Interior para sustraer documentación comprometedora a Luis Bárcenas. Se investigaron delitos de malversación, cohecho y revelación de secretos. |
| Cártel del fuego (1999-2018) | Investigación sobre el amaño de contratos de medios aéreos para la extinción de incendios. Entre los condenados en primera instancia figura el exconseller valenciano del PP Serafín Castellano. |
Nota: estos casos están documentados en recopilaciones de procedimientos y sentencias, aunque es necesario consultar cada pieza por separado para establecer su firmeza y alcance.
Tabla general de los principales casos y responsables
| Caso | Principales responsables vinculados al PP | Delitos o irregularidades y resultado |
| Gürtel | Francisco Correa, Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Alberto López Viejo | Cohecho, malversación, prevaricación, fraude, blanqueo y financiación irregular. Condenas confirmadas; responsabilidad lucrativa del PP. |
| Bárcenas / caja B | Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta | Contabilidad paralela, falsedad contable y delitos fiscales. Condena a Bárcenas; responsabilidad civil subsidiaria del PP en la pieza de las obras de Génova. |
| Púnica | Francisco Granados, David Marjaliza, alcaldes madrileños | Cohecho, blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias y fraude en contratos. Condenas en distintas piezas. |
| Lezo | Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino | Malversación, prevaricación, blanqueo y presuntas irregularidades en operaciones del Canal de Isabel II. Procedimientos separados. |
| Palma Arena | Jaume Matas, altos cargos baleares | Malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. Varias condenas. |
| Nóos | Jaume Matas y responsables públicos de Baleares y Valencia | Malversación, fraude, prevaricación y delitos fiscales. Condenas en 2017 y 2018. |
| Brugal | José Joaquín Ripoll, alcaldes y empresarios | Presuntos sobornos y amaños de contratos de residuos. Resultados distintos por pieza, incluidas absoluciones. |
| Taula / Imelsa | Alfonso Rus, Marcos Benavent, cargos municipales | Malversación, prevaricación, falsedad y contrataciones ficticias. Condenas y absoluciones en distintas piezas. |
| Pokémon | Cargos municipales del PP, PSOE y BNG | Presunto cohecho, tráfico de influencias y amaños de contratos. Investigación con resultados diversos. |
| Auditorio | Pedro Antonio Sánchez | Prevaricación y falsedad documental. Condena confirmada en 2026 según la información consultada. |
| Erial | Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló, Francisco Grau, empresarios Cotino | Cohecho, blanqueo, malversación y prevaricación. Condena de primera instancia en 2024. |
| Naseiro | Rosendo Naseiro y otros dirigentes | Presuntas comisiones y financiación irregular. Causa sin condenas. |
| Andratx | Eugenio Hidalgo | Prevaricación, cohecho e irregularidades urbanísticas. Condenas. |
| Fabra | Carlos Fabra | Cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Condena firme por delitos fiscales. |
| Emarsa | Enrique Crespo y responsables de la empresa pública | Malversación, falsedad, fraude y apropiación de fondos públicos. Condenas. |
| Cooperación | Rafael Blasco, César Augusto Tauroni | Malversación, prevaricación y fraude en subvenciones de cooperación. Condenas. |
| Faycán | Francisco Valido y cargos municipales de Telde | Cohecho y comisiones por contratos municipales. Condenas y absoluciones. |
| Tótem | Juan Morales y empresarios | Presuntas comisiones y corrupción urbanística. Condenas en el procedimiento. |
| Zerrichera | Cargos públicos y empresarios de Murcia | Irregularidades urbanísticas, prevaricación y actuaciones sobre terrenos protegidos. Procedimientos con condenas. |
| Over Marketing | Jaume Matas y responsables de contratación | Contratos de publicidad y posibles gastos electorales irregulares. Condenas en piezas separadas. |
| Son Espases | Cargos del Gobierno balear y empresarios | Irregularidades en la adjudicación del hospital. Procedimientos y resoluciones diferenciados. |
| Kitchen | Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo y otros | Presunta utilización de medios policiales para obtener documentación de Bárcenas. Delitos de malversación, cohecho y revelación de secretos objeto de enjuiciamiento. |
| Cártel del fuego | Serafín Castellano y empresarios | Sobornos y amaño de contratos de extinción de incendios. Condenas en primera instancia en 2025. |
Nota: no todas estas personas fueron condenadas por todos los delitos mencionados en su fila. La tabla identifica las figuras delictivas asociadas a cada procedimiento, no atribuye automáticamente todos esos delitos a cada individuo (para comprobar las diferencias entre condenas, archivos y absoluciones son especialmente útiles las recopilaciones de sentencias y la información judicial de RTVE).
No existe un registro oficial único, pero sumando las grandes macrocausas, más de 300 personas vinculadas al PP han sido investigadas en distintas causas desde los años 90. Decenas han sido detenidas en operaciones policiales (Gürtel, Púnica, Lezo, Taula, Brugal…). Y hay más de 50 condenas en firme en diferentes procedimientos.
Pocas organizaciones criminales en Europa podrán presumir de ese palmarés.
Todo ello a pesar de las controversias que han rodeado la actuación de determinados sectores conservadores del poder judicial, cuyas afinidades ideológicas y, en algunos casos, conocidas vinculaciones personales y profesionales con el Partido Popular han suscitado reiteradas dudas sobre la politización de determinadas instancias judiciales; de las decisiones de archivo de algunas investigaciones y de las dificultades que, en ocasiones, han existido para depurar responsabilidades de los máximos dirigentes políticos.
En ese sentido, no incluyo aquí otros episodios que merecerían un análisis específico, como la gestión de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid (2003-2012), durante cuyos gobiernos se desarrollaron algunas de las principales tramas de corrupción del PP, con numerosos colaboradores y altos cargos posteriormente condenados, aunque ella misma no llegara a ser condenada. Tampoco incluyo los asuntos relacionados con Isabel Díaz Ayuso, como las operaciones inmobiliarias vinculadas a su pareja y la controvertida adquisición de un ático por parte del Gobierno regional, actualmente objeto de actuaciones judiciales y fiscalizadoras. A ello se suma, y esto es mucho más grave, la responsabilidad política que se reclama por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, en las que fallecieron 7.291 personas sin ser trasladadas a hospitales, un asunto que continúa teniendo recorrido judicial.
Además, está la venta de 2.935 viviendas públicas del IVIMA a Goldman Sachs-Azora, en 2013, por el Gobierno de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre. La venta de otras 1.860 viviendas municipales a Fidere fue realizada por el Ayuntamiento de Madrid presidido por nada menos que Ana Botella –de la más alta cúpula del PP-, también en 2013. Ambas operaciones fueron objeto de controversia judicial; la primera fue anulada por los tribunales.
Pero no acaba ahí el historial del Partido Popular madrileño. Cristina Cifuentes fue retenida por los vigilantes de un supermercado Eroski tras ser acusada de llevarse dos botes de crema sin pagar (miseria al cubo). El episodio ocurrió el 4 de mayo de 2011, cuando era vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. El vídeo se difundió el 25 de abril de 2018 y precipitó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, en medio del escándalo de su supuesto máster universitario.
Como puede apreciarse, Madrid y el País Valenciano constituyen unos de los territorios donde se han concentrado algunas de las tramas de corrupción más relevantes vinculadas al Partido Popular, territorios donde ha campado a sus anchas este partido, y durante más tiempo, para cometer toda clase de fechorías, especialmente, en el País Valenciano, durante los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. A ese sucio historial se añade ahí la (no)actuación de Carlos Mazón durante la catástrofe de la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 229 víctimas mortales y cuya gestión institucional continúa bajo investigación judicial.
Por si fuera poco, su sucesor en la presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, parece tener también problemas al menos de claridad de gestión. Su etapa como alcalde de Finestrat y las actividades empresariales de su entorno familiar han suscitado informaciones sobre posibles conflictos de intereses, operaciones urbanísticas y adjudicaciones públicas, entre ellas contratos municipales concedidos a empresas vinculadas a personas implicadas en procedimientos de corrupción, así como a familiares del presidente.
¿Y qué decir del actual presidente del Partido Popular?
Pues que no puede dejarse al margen la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia (2009-2022), durante la cual se produjeron diversas controversias relacionadas con la corrupción, las adjudicaciones públicas y los conflictos de intereses. Entre ellas destacan la operación Campeón, que terminó con la condena de cargos de la Administración gallega y de un diputado del PP; las polémicas por los contratos de la Xunta con empresas vinculadas al entorno familiar de Feijóo, especialmente Eulen (la hermana) y Universal Support (el cuñado); y las cuestiones suscitadas por su antigua relación personal con Marcial Dorado, posteriormente condenado por narcotráfico. A ello se suma la controvertida fusión de las cajas de ahorro gallegas (Caixa Galicia y Caixanova, que desembocó en NovaCaixaGalicia), y que acabó desembocando en su rescate con miles de millones de euros de dinero público.
En este contexto, uno no puede dejar de preguntarse cómo es capaz un partido como el PP de seguir presentándose a la contienda electoral en esos territorios y al nivel estatal en general, y cómo puede hacerlo sin afrontar ese historial delictivo, sin más, como si viniera limpio. Y ya para que resulte más aparentemente inverosímil, cómo puede obtener respaldo de una parte de la población (bueno, esto último quizás lo expliquemos en una próxima entrega).
Pues esta caterva es la que dice que hay que votarla para conseguir “el cambio en España”, para “limpiar la política” y para “hacer una gestión decente”.
Pero si el cielo no se abre bajo sus pies ni el cielo se derrumba sobre sus cabezas cuando lo dicen, la sociedad sí debería conservar algo de memoria. Al menos algo de memoria.
Por la cuenta que la trae. Si no quiere que la terminen de desplumar de todo bien.
Lo que no deja tampoco de sorprender es que el PSOE (ni tampoco apenas sus izquierdas de apoyo) no utilice(n) todo esto en la campaña electoral, mientras que el PP (y sus franquistas sin complejos de Vox) no para(n) de restregar los casos de corrupción del PSOE, e incluso los que son supuestos casos u otros inventados.
Vaya usted a saber qué pistas, vericuetos, lindes y arcenes existen en los caminos por los que circulan y se cruzan (y a veces chocan) los partidos del capital.