LA TRAMPA – La vivienda como negocio, el dinero público al servicio del capital y la complicidad de los gobiernos. Por Isabel Vileya
La vivienda es un derecho, pero bajo la lógica del capital se ha convertido en una mercancía sometida a la especulación, la concentración de la propiedad y la búsqueda de beneficios. La crisis financiera e inmobiliaria de 2008 dejó tras de sí miles de familias desahuciadas, ahorros perdidos y una factura que las instituciones públicas asumieron, en buena medida, para sostener al sistema bancario. La creación de la SAREB, el llamado banco malo, simbolizó aquella operación: trasladar activos problemáticos al ámbito de una entidad respaldada por el Estado y comprometer recursos públicos en la gestión de sus consecuencias.
A partir de ese precedente, Isabel Vileya plantea una crítica que va más allá del rescate financiero. Que los recursos públicos destinados a gestionar un patrimonio inmobiliario terminen abriendo nuevas oportunidades de negocio para grandes fondos de inversión. ¿Qué significa condenar públicamente a los llamados fondos buitre y, al mismo tiempo, encomendar a sociedades vinculadas a ellos la gestión de activos y viviendas bajo control estatal? El contrato de la SAREB con Aliseda, gestora inmobiliaria vinculada a Blackstone, constituye uno de los ejes de esta denuncia.
Vileya cuestiona también la continuidad de estas políticas bajo gobiernos de «distinto signo» y señala la distancia entre las promesas electorales, los discursos de transformación social y las decisiones que afectan a la propiedad y al destino del dinero público. Su crítica se extiende a la concentración del poder económico y a los vínculos financieros con empresas relacionadas con la industria militar y los sistemas de vigilancia utilizados por Israel en su ya largo recorrido como verdugo del pueblo palestino.
No habla de episodios aislados, sino de las manifestaciones de la propia estructura económica y política capitalista, en la protección de sus intereses, mientras debilita las condiciones materiales de las mayorías. Frente a la confianza depositada en la alternancia electoral, Isabel Vileya defiende la organización popular como alternativa y advierte del peligro de una sociedad atrapada entre la impotencia, la desconfianza y el avance de las fuerzas reaccionarias útiles al capital.
La cuestión de fondo atraviesa todo el texto: si el dinero público procede de la sociedad, ¿por qué su utilización no garantiza que la riqueza revierta en ella? Una pregunta que obliga a examinar no solo quién gobierna, sino también qué intereses se benefician de sus decisiones y quién termina pagando sus consecuencias.
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LA TRAMPA. Por Isabel Vileya. En Chile a 14 de octubre de 2026
La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una entidad española conocida popularmente como el «banco malo».
Creación: Se fundó en 2012 por el Gobierno de España, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, como una condición impuesta por la Unión Europea para rescatar a la banca española tras la crisis financiera e inmobiliaria de 2008.
Función Principal: Su propósito inicial fue adquirir y sanear los activos tóxicos (principalmente viviendas, suelos e hipotecas impagadas) de las entidades bancarias que habían sido rescatadas o nacionalizadas (como Bankia, Catalunya Banc o Banco de Valencia), evitando que la quiebra de estos bancos arrastrase al sistema financiero europeo.
Deuda Asociada: Para comprar estos activos (valorados originalmente en más de 50.000 millones de euros), la SAREB emitió deuda avalada por el Estado español.
Entre las cuentas opacas de la SAREB y el Rescate a la Banca de 2012, las arcas públicas españolas han desembolsado del bolsillo de los contribuyentes españoles entre 110.000 y 140.000 millones de euros, eso en calidad de pagadores de impuestos, sin contabilizar a las más de 150.000 familias que perdieron sus viviendas y ahorros en calidad de propietarios desahuciados y expropiados.
Todos los Gobiernos de distinto signo político han participado en este megafraude a los ciudadanos españoles, que no simplemente consistió en salvar a la banca en lugar de rescatar a las familias, sino que exportó los medios de producción a manos de grandes capitalistas internacionales.
Las políticas de todos los gobiernos españoles han estado encaminadas a desposeer a las familias de un derecho inalienable convertido en mercancía especulativa, puesto en circulación en forma de capital y con ayuda de la inversión pública (dinero de los trabajadores en forma de tributos obligatorios, eufemísticamente llamados impuestos). Una inversión que termina por concentrar esa riqueza en manos de cada vez menos y más poderosos capitalistas, que además se sirven de ella para patrocinar un genocidio del que también sacarán pingües beneficios.
Da igual lo progresista que parezca un Partido del bloque legal institucional, todos ellos participan de este negocio, cada uno de los integrantes de los distintos gobiernos, ya sea en una u otra legislatura, con uno y otro color, han formado parte y consolidado este engaño.
Ni siquiera los que iban a terminar con la casta se pudieron resistir a entrar en el selecto club de los que tienen propiedades por encima de la clase a la que dicen representar, esto no es inocente o casual, forma parte de la necesidad del capital de generar apatía en las masas a partir de elementos como la traición de clase.
El juego electoral resulta fortalecido, como la rueda de un hámster que gira introduciendo y expulsando a actores que le resultan de mayor o menor utilidad y así, mecánica y cíclicamente, las masas se ven atrapadas en una dinámica de la que no pueden salir, pero en la que no confían, por esta entre otras razones es por lo que los incrédulos empiezan a creer en teorías de la conspiración o religiones punitivas y el fascismo engorda sus filas. Es la desesperación, la impotencia y el miedo lo que alimenta a la reacción. Masas abúlicas temerosas de quedar fuera de la rueda buscan una cabeza de «turco».
Pero, volverán a votar y lo harán por el azul, el rojo, el verde o el morado, ellos saben en su fuero interno que todos harán lo que corresponde, para muestra un botón de lo que hace «el rojo» (PSOE) con los que se «sumaron».
En octubre de 2026, la relación de Blackstone con las instituciones públicas españolas ha acaparado titulares debido a una paradoja regulatoria. A pesar de que el Ejecutivo español suele etiquetar a Blackstone públicamente como un «fondo buitre», la gestora de vivienda del fondo (Aliseda) se ha adjudicado un contrato estatal de 52,45 millones de euros con la SAREB (el «banco malo» controlado por el Estado).
Bajo este acuerdo, que se extiende hasta diciembre de 2028, Blackstone pasará a gestionar de forma integral miles de activos inmobiliarios y viviendas sociales del Estado. Sus funciones incluirán el mantenimiento de los inmuebles, la gestión de alquileres, el reporte de impagos de inquilinos vulnerables y la preparación de propiedades antes de que se transfieran a la nueva empresa pública de vivienda (Casa 47).
Por la parte privada, el contrato se suscribió formalmente con Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, que es la filial y gestora inmobiliaria en España de Blackstone.
Los detalles clave de las partes firmantes y la formalización incluyen:
En representación de la SAREB: El contrato fue autorizado por el consejo de administración de la sociedad, la cual depende del Ministerio de Economía liderado por el ministro Carlos Cuerpo.
Mientras tanto han simulado ser otra cosa y criticar la herencia liberal de los Azules (PP), el saqueo y hasta a los fondos buitre.
El fondo de inversión estadounidense Blackstone Inc. se consolidó tras la crisis financiera de 2008 como el mayor propietario privado de inmuebles en España. A través de un entramado de filiales y socimis (como Anticipa, Aliseda, Testa y Albirana), el gigante de Wall Street llegó a gestionar una gigantesca cartera de activos residenciales, comerciales e industriales. Los dos mayores inversionistas de Blackstone, son dos megafondos que compiten entre sí, Vanguard y BlackRock.
Laurence Douglas Fink (Los Ángeles, 2 de noviembre de 1952), es un empresario multimillonario estadounidense. Es cofundador, presidente y director ejecutivo de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, con más de 10 billones de dólares en activos bajo gestión. En abril de 2024, el patrimonio neto de Fink se estimó en 1.200 millones de dólares según Forbes. Es miembro de las juntas directivas del Consejo de Relaciones Exteriores y del Foro Económico Mundial.
“El hombre detrás de Blackrock” es un empresario multimillonario estadounidense, reconocido mundialmente como el cofundador, presidente y director ejecutivo (CEO) de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del planeta. Bajo su dirección, la firma administra una cifra sin precedentes cercana a los 14 billones de dólares en activos bajo gestión. Esto le otorga un peso geopolítico y financiero superior al de la mayoría de las economías globales.
La relación entre Larry Fink y el movimiento MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump, ha experimentado un giro radical, pasando de una profunda hostilidad ideológica a una alianza estratégica basada en el pragmatismo económico.
Históricamente considerado un «demócrata de toda la vida» y el principal promotor del capitalismo impulsado por criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), Fink fue durante años el blanco favorito de las críticas de la derecha estadounidense, que lo acusaba de liderar el movimiento empresarial «Woke». Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente a favor de un entendimiento mutuo.
Fink ha admitido públicamente en cadenas como Fox News que el activismo corporativo y la agenda ideológica de Wall Street «fueron demasiado lejos» hace unos años, alienando a una gran parte del mercado. En respuesta al panorama político dominante del movimiento MAGA, Fink ha adoptado un enfoque estrictamente pragmático, alineando los intereses de BlackRock con las realidades del poder en Washington.
La relación más sustancial e institucional de Fink con Israel se canaliza a través de BlackRock. Distintas investigaciones de organizaciones de derechos humanos y analistas económicos señalan a la firma como una pieza económica clave para el sostenimiento de la estructura militar israelí:
• Accionista en el sector de defensa: BlackRock figura de forma consistente en el Top 3 de los mayores fondos de inversión con presencia en la industria militar global, financiando de manera directa a empresas contratistas de defensa cuyos equipos e insumos son utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel.
• Capital en tecnología de vigilancia: El fondo se posiciona como el segundo mayor inversor institucional en corporaciones como Palantir, proveedora de software de inteligencia artificial, análisis de datos y tecnología de vigilancia avanzada empleada en los sistemas de seguridad israelíes.
• Según reportes financieros e informes de ONGs, la corporación dirigida por Fink ha gestionado capitales superiores a los 30,000 millones de dólares vinculados a firmas de armamento y suministros tecnológicos conexos en el marco de las tensiones bélicas actuales.
Cuando vayas a votar, ten en cuenta que hasta la defensa de Palestina y contra el Genocidio de Gaza, no se mide en pronunciamientos, sino en acciones reales. No se puede condenar la masacre y poner fondos públicos, dinero sacado de los bolsillos de las personas que pagan sus impuestos para educación, sanidad y servicios, en manos de quienes financian la masacre genocida de Israel en Palestina.
La salida no es institucional y electoral, es organización de los pueblos para el proceso revolucionario. Las condiciones están más que maduras, pero nos han conseguido convencer para que sigamos mirando a la rueda del hámster.
Ellos, avanzan y abandonarán los parlamentos por la violencia y la guerra cuando el escenario se vuelva propicio. Se están preparando. Nosotros no.
Nuestro dinero está yendo a parar a las manos que usarán las armas para aplastarnos, mientras los embaucadores puestos a sueldo por las élites mundiales siguen escenificando su guion y distrayéndonos de lo cardinal, vivimos una guerra entre opresores y oprimidos y la estemos peleando para el bando contrario.
Nota de la Autora:
Carlos Cuerpo, en su rol como ministro y posteriormente como vicepresidente primero del Gobierno, encabeza las reuniones con inversores internacionales y con el CEO de la firma, Larry Fink, para coordinar inversiones de capital privado en sectores como la sostenibilidad y la infraestructura digital en España. Entre las que destaca la operación con Naturgi, al cierre de las operaciones de Blackrock en esta empresa del sector energético, la estimación de ganancias se elevó a 3800 millones de euros bajo la estrecha colaboración del actual gobierno.