LA DESTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS (I a III) – Andrés Piqueras

El blog de Andrés Piqueras – De este lado de la trinchera

Hay sobre todo dos líneas que confluyen, en la actualidad, para explicar el destrozo de las condiciones de vida de las poblaciones europeas, y que en realidad se pueden concretar en una: la degeneración del modo de producción capitalista.

La primera línea es la que traza la caída del valor y de la plusvalía productiva paralela al desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas. El cada vez menor valor como nuevo valor obtenido por unidad de capital invertido en la economía productiva (industrial-agrícola), es lo que ha llevado a la clase capitalista a revertir cada vez más capital a su forma simple de dinero, y a destinarlo al casino global, eso que llaman “finanzas”. Un dinero especulativo-rentista, que ante la caída de beneficios productivos busca apropiarse de la riqueza social. También fuerza la expansión del mercado a toda costa, ya sea mercantilizando actividades humanas que sostienen la vida, ya sean los bienes básicos para la misma. En su enervada huida hacia adelante, los agentes del capital exigen un creciente gasto energético para intentar compensar con el incremento desenfrenado de la actividad económica la caída de rentabilidad (algo así como si una mayor masa de ganancia –no productiva- pudiera compensar indefinidamente la decadencia de la tasa de ganancia productiva).

La otra línea vinculada a la declinación de beneficios y de los recursos necesarios para mantener ese crecimiento espurio, es la GUERRA.

La UE fue concebida para promover colectivamente y blindar los intereses de lo que dieron en llamar “capital financiero” (que se define mejor como capital a interés cada vez más especulativo-parasitario). Cualquier intento que se ha hecho de legislar en detrimento de su prioridad ha sido desarticulado por el capital colectivo acantonado en Bruselas. [LA UNIÓN EUROPEA: UN PROYECTO DE EE.UU. CONVERTIDO EN BRAZO POLÍTICO DE LA OTAN – El blog de Andrés Piqueras].

En los últimos lustros, la clase capitalista europea, estrechamente vinculada al capitalismo ficticio estadounidense y comisionada por el mismo, está también volcada hacia la GUERRA. El principal cometido que tiene adjudicado dentro de la Guerra Global desatada por la expresión imperial de este modo de producción degenerativo, es acosar a Rusia, intentar generar divisiones internas en la dirección del país, desgastar su economía, agotar a su población… (¿no nos suena esta ‘estrategia’ por altamente repetida a lo largo de la historia imperial?) con el fin último de fragmentar el país en pequeños territorios más “manejables” y apropiarse de sus enormes riquezas energéticas y de materias primas.

Pero algo no está saliendo bien. Vamos a detallar un poco en qué y cómo una y otra vía de razones está empobreciendo a las sociedades europeas al tiempo que se desmorona todo su entramado keynesiano.  

Punto de partida: la ruptura con el gas y el petróleo rusos

Las importaciones de gas ruso antes de 2022 eran alrededor de 155 bcm (155 mil millones de m³) al año (un 40% del gas importado), sobre un consumo europeo de 388 bcm.

En los inviernos posteriores a la utilización definitiva de Ucrania como ariete suicida contra Rusia, el suministro de gas ruso a la UE27+UK se redujo un 87,8 %, es decir, unos 976,8 TWh (teravatios/hora) menos por invierno.

A partir de entonces, el GNL (gas natural licuado) pasa de representar el 20,7 % del suministro total de gas, a 37,5 %, con fuerte peso de EE. UU. y Noruega. 

Aquí empezó el “shock” de precios.

El índice TTF (Title Transfer Facility, referencia europea del gas) sube de una media de 47 €/MWh (megavatio/hora) en 2021 a 132 €/MWh en 2022, con un pico de 311 €/MWh en agosto de 2022.

Con ello, la UE emprende un precipitado proceso de reducción de la demanda de gas, combinando ahorro y menor producción industrial, así como la irracional diseminación de infraestructura para la energía solar y eólica, a costa del campo, su riqueza y sus gentes. También se lanza hacia la acelerada construcción de nuevas terminales de GNL que contempla como objetivo perentorio.

Ese “éxito técnico” (que al menos evita apagones masivos) convive con un malestar social profundo: inflación, precarización, presión sobre servicios públicos y galopante sensación de vulnerabilidad energética. Lo vemos.

Transmisión del shock energético a la inflación. Impacto en la industria y el empleo

La concatenación básica de factores es evidente: gas caro → electricidad cara → costes de producción más altos en industria, transporte y servicios. El precio de la vida se dispara.

El gas, aunque sea una fracción relativamente pequeña de las importaciones totales, actúa como insumo clave y como referencia de precios en el mercado eléctrico europeo. Así que el shock del gas explica una parte sustancial de la inflación de 2022–2023 en la zona euro, con picos de inflación general superiores al 8–10 % en varios países, y tasas de inflación energética muy por encima de eso.

La caída posterior del TTF y las medidas de apoyo (topes, subsidios, reducción de impuestos sobre energía) moderan la inflación, pero dejan una huella de encarecimiento estructural en vivienda, transporte, alimentos, etc.

La industria intensiva en energía (química, metalurgia, de fertilizantes, papel…) reduce la producción, con paradas temporales y deslocalización hacia regiones con energía más barata (curiosamente sobre todo hacia EE. UU., aunque también a eso que llaman “Medio Oriente”).

Hay una caída del consumo de gas del 19 % atribuida en un 25 % a descensos en la producción industrial. Lo cual se traduce en ERTEs, cierres de plantas y presión sobre regiones industriales (especialmente notorio en Alemania, resto de Europa Central y norte de Italia).

Cuadro 1

Se intensifica la crisis de la economía productiva europea

En Alemania, en concreto, los datos recientes muestran que la crisis no es solo de Volkswagen o de los fabricantes de automóviles, sino de toda la constelación industrial que sostenía el “modelo alemán”. En 2024, la industria automotriz alemana perdió alrededor de 19.000 empleos según un estudio de la consultora Ernst & Young (https://www.ey.com/de_de/newsroom/2025/03/ey-automobilstandort-deutschland-2025), que señala que la cifra es sólo el comienzo de un proceso de ajuste profundo. El empleo total en el sector cayó a 761.000 trabajadores, el nivel más bajo desde 2013, frente a los 834.000 de 2018. La caída se explica sobre todo por los costes energéticos elevados, por también por la debilidad de la demanda, la transición simultánea entre motores de combustión y eléctricos y la pérdida de mercado en China.

Pero la crisis es más amplia. En 2024, gigantes como BASF, Bosch y Bayer anunciaron recortes de plantilla, en un contexto de destrucción de empleo comparable a la crisis de 2008. Volkswagen llegó a plantear el cierre de varias fábricas en Alemania y, finalmente, cesó la producción en su planta de Dresde en 2025, un hecho sin precedentes en la historia del grupo en su país de origen, y el sector del motor ha destruido un 6,5% del empleo según la Agencia Federal de Empleo alemana. La situación afecta también a proveedores: Bosch, ZF, Continental y Schaeffler han anunciado reducciones de empleo que suman decenas de miles de puestos entre 2023 y 2026, en un proceso de contracción estructural del sector de suministros, que es incluso más grande que el de fabricantes y absorbe la mayor parte del ajuste.

Volkswagen también ha comunicado un plan de recorte que podría llegar hasta los 100.000 empleos en los próximos años, equivalente al 15% de su plantilla global, junto con el cierre progresivo de tres plantas entre 2029 y 2031. Este anuncio se suma a los recortes previos de Ford, Stellantis, ZF y otros fabricantes europeos, que también han reducido miles de puestos de trabajo en Alemania y otros países de la UE. La crisis se extiende a toda Europa: Michelin cerrará dos plantas en Francia (1.250 empleos), Schaeffler eliminará 4.700 puestos, Bosch recortará 5.500, Ford 4.000 y Feintool cerrará un sitio en Alemania con 200 despidos (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/europes-embattled-auto-sector-plans-plant-closures-layoffs-2024-12-02/).

 La consecuencia social es la destrucción de empleo cualificado y bien remunerado en la producción, que se sustituye por trabajos peor pagados en servicios*, mientras el coste de la vida sigue aumentando.

*(Recordemos que el valor como nuevo valor –que es la sangre del Sistema- sólo se consigue en el sector productivo).

La agricultura y el conjunto de la cadena alimentaria, altamente dependiente de la energía y los insumos, sufre un aumento de los costes de producción (fertilizantes, energía, transporte, riego…) que se traslada a los precios de los alimentos (según detallaremos más adelante). En muchos países de la UE, la inflación alimentaria supera la inflación general, con incrementos acumulados de dos dígitos en productos básicos (pan, lácteos y carne).

Esto causa también un alto malestar en el sector primario: protestas de agricultores por costes, alta burocracia, competencia internacional y “transición ecológica” percibida como impuesta desde las instituciones de la UE a su costa.

El encarecimiento del diésel y la volatilidad del petróleo incrementan los costes de las flotas de camiones y empresas de logística. Parte de estos costes se trasladan a los precios finales; otra parte se absorbe vía reducción de márgenes y precarización laboral (autónomos, subcontratas…).

Las empresas de transporte público (autobuses, trenes, furgones, taxis…) sufren aumento de costes energéticos, que provoca una tensión financiera en operadores públicos, la necesidad de subsidios adicionales y dispara los debates sobre la sostenibilidad de la oferta de servicios.

Todo ello alimenta el malestar político y el auge de fuerzas que se dicen a sí mismas “euroescépticas” o “anti‑sanciones”, pero que de cierto son la “opción” proto-(neo)fascista, de recambio, que el Sistema tiene preparada para evitar el ciclo histórico político que nazca de su degeneración, y para enfrentar, en lo inmediato, una más que previsible extendida ola de agitación social (que ya estamos empezando a ver).

Ese posible recambio hacia un nuevo fascismo viene ayudado por la subordinación a Bruselas de las escasas y raquíticas izquierdas integradas (“izquierdas del Sistema”) que quedan tras la debacle neoliberal, por su participación en gobiernos de la OTAN o incluso –como el caso de Syriza- por su plegamiento a la ‘troika’ comunitaria cuando gobiernan, lo que las hace también objeto del malestar y la rabia social de las poblaciones, que las contemplan crecientemente como parte de la “casta” dominante, esto es, de sus problemas (así se lo han dejado ver, por ejemplo, los/las manifestantes por la vivienda de estos días a formaciones como IU y el mismísimo PCE -¡qué triste derrotero el suyo!- y resto de fuerzas cómplices del gobierno que integran Sumar-). Mientras que precisamente una de las principales atracciones de la ultraderecha es exhibirse como pretendidas fuerzas “antisistema”.

Servicios públicos: salud, educación, infraestructuras

El aumento de costes energéticos se suma a la presión demográfica (envejecimiento poblacional), secuelas de la pandemia (enormes listas de espera, personal agotado) y el reto de retener profesionales.

La sanidad (hospitales y centros de salud son grandes consumidores de energía -calefacción, climatización, equipamiento-) sufre un “estrés presupuestario”: más gasto para mantener un peor nivel de servicio, e intento de cuadrar cuentas entre energía, salarios y medicamentos.

Cuadro 2

  Radiografía del cuadro sanitario europeo

Personal sanitario

A) Médicas/os por cada 1.000 habitantes (OCDE, 2023)

• UE‑27 media: 3,2 médicas/1.000 hab.
• Recomendación OMS: 4,5 médicas/1.000 hab.

B) Enfermeras/os por cada 1.000 habitantes

• UE‑27 media: 8,5/1.000 hab.
• Países nórdicos: 12–14/1.000 hab.
• España: 6,3/1.000 hab. (muy por debajo de la media europea)

C) Vacantes sanitarias sin cubrir (Eurostat, 2024)

• Alemania: ~35.000 puestos médicos y de enfermería sin cubrir.
• Francia: ~25.000.
• España: ~9.000 médicos especialistas faltantes en el SNS.

Conclusión: la UE tiene un déficit estructural de personal, agravado por jubilaciones masivas y condiciones laborales peores que en el sector privado.

Listas de espera: el indicador más claro del deterioro

A) Cirugías programadas (2023–2024)

• España:

• 849.535 personas en lista de espera quirúrgica (récord histórico).
• Tiempo medio: 128 días (más del doble que hace una década).
• Francia:
• Retrasos acumulados tras la pandemia: +30 % en tiempos de espera.
• Alemania:
• Aumento de +15–20 % en tiempos de espera para especialistas desde 2021.
• Italia:
• Más de 600.000 intervenciones retrasadas.

Infraestructuras sanitarias: envejecimiento y falta de inversión

A) Edad media de los hospitales (Eurostat, 2023)

• Más del 40 % de los hospitales europeos tienen más de 40 años.
• Renovaciones profundas necesarias en:

• sistemas eléctricos,
• climatización,
• eficiencia energética,
• quirófanos,
• equipamiento diagnóstico.

B) Inversión en infraestructuras sanitarias (UE‑27)

• Inversión anual recomendada: 0,6–0,8 % del PIB.
• Inversión real: 0,3–0,4 % del PIB.
• Brecha anual: ~€60.000 millones de inversión faltante.

Esto explica por qué muchos hospitales tienen:

• quirófanos obsoletos,
• falta de camas UCI,
• sistemas informáticos desactualizados,
• edificios ineficientes energéticamente (lo cual encarece su operación).

Saturación de urgencias

Datos UE (2023–2024)

• Aumento de visitas a urgencias: +12–18 % respecto a 2019.
• Causas:

• falta de médicos de atención primaria,
• envejecimiento,
• enfermedades crónicas,
• pobreza energética (más crisis respiratorias en invierno).

Las urgencias se han convertido en “válvula de escape” de un sistema que no puede absorber la demanda en atención primaria.

Atención primaria: el cuello de botella

A) Médicos/as de familia por 1.000 habitantes (UE‑27)

• Media UE: 0,8/1.000 hab.
• España: 0,7/1.000 hab.
• Francia: 0,9/1.000 hab.
• Alemania: 1,1/1.000 hab.

B) Tiempo para obtener cita (2023–2024)

• España: 6–15 días de espera media.
• Francia: 10–20 días para especialistas.
• Alemania: 15–30 días para especialistas.

 La atención primaria está infrafinanciada, lo que repercute en todo el sistema.

Escuelas y universidades también sufren el aumento de costes de mantenimiento, deterioro de instalaciones y servicios, así como la pérdida de profesionales. Las ratios alumnado/profesor-a (15,2 en Alemania; más de 16 en Países Bajos; casi 15 en Francia…) son del todo incompatibles con un sistema educativo de calidad. El envejecimiento docente es crítico, el 40% del profesorado europeo tiene más de 50 años (porcentaje que llega al 50 por ciento del profesorado en el caso de Alemania). La falta de reemplazo genera aulas más grandes, menos atención individual y mucha mayor rotación del profesorado (más jubilaciones cada año, más bajas prolongadas, más profesores interinos que cambian de centro cada curso, más contratos temporales que no se consolidan, más profesorado joven que abandona la profesión en los primeros 5 años, más vacantes cubiertas por sustitutos sin continuidad, más movilidad forzada entre centros por falta de personal estable…).

En cuanto a las infraestructuras, la combinación de inflación en materiales de construcción y energía encarece cualquier proyecto (carreteras, vías públicas, ferrocarriles, hospitales, redes eléctricas…). Los Estados se ven obligados a revisar al alza presupuestos de obras públicas, priorizar proyectos dejando otros en espera, aumentar deuda o reorientar gasto desde otros capítulos.

En conjunto, la ciudadanía percibe unos servicios públicos verdaderamente deteriorados, más caros y menos eficaces, lo cual va aumentando el apoyo a partidos “ultras” que supuestamente cuestionan sanciones a Rusia, se posicionan en contra de la (tan cacareada como irreal) “transición ecológica” (sus pocos pasos forzados por el propio auto-corte del suministro ruso) o incluso dicen rechazar las directrices de la propia UE.

[¿Vemos, pues, cómo se va cerrando el círculo de retroalimentación negativa, para inclinar la balanza hacia la ultraderecha proto-(neo)fascista que en realidad no está por acabar la agresión a Rusia ni tiene ningún programa que desafíe a la UE, sino sólo contra los escasos restos de corte social que quedan en los diferentes gobiernos estatales? Ved, si no, los gobiernos donde están gobernando esas fuerzas en solitario o en coalición qué resultados muestran al respecto de todo ello].

Pero además, el deterioro de los servicios públicos es aprovechado para la apropiación privada de la riqueza pública (en un proceso de privatización incesante, cual gota de agua que horada la roca).

Y aquí confluimos de nuevo con la línea 1 en la que incursiona la clase capitalista global para intentar salir de la Crisis: el saqueo de la riqueza colectiva –que podría traducirse por “cómo intentar sacar beneficio de la propia Crisis”-. Lo que quiere decir que una clase capitalista cada vez más vinculada al entramado financiero y menos al productivo, se apropia y especula con los bienes básicos de los que no puede prescindir la población.

Privatización creciente de servicios públicos en la UE y el caso español

A escala europea, los datos de Eurostat sobre gasto público por función (COFOG -Clasificación de las Funciones del Gobierno-) muestran una tendencia de largo plazo hacia la externalización y la participación creciente del sector privado en ámbitos como salud, educación, transporte y servicios sociales. Aunque el gasto público total se mantiene elevado en muchos países, una parte creciente de ese gasto se canaliza a través de contratos con empresas privadas, concesiones y partenariados público‑privados. Esto significa que servicios que antes eran prestados directamente por estructuras públicas pasan a ser gestionados por empresas, con lógicas de rentabilidad y, a menudo, con tarifas más altas o condiciones laborales más precarias.

En el Reino de España el proceso de privatización y liberalización se acelera desde los años 80 y 90 del siglo XX. Bajo Miguel Boyer (ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Felipe González), se inicia una política de liberalización financiera y de reducción del peso del sector público empresarial, que prepara el terreno para las grandes privatizaciones posteriores. Esas vendrían con los gobiernos de José María Aznar (1996‑2004), cuando se produce la venta de participaciones estatales en empresas estratégicas: se culmina la privatización de Telefónica, se privatizan Argentaria (que luego se integra en BBVA), Repsol, Endesa y otras grandes compañías energéticas y de infraestructuras. El resultado es que sectores como telecomunicaciones, energía y parte del transporte pasan a estar dominados por grandes grupos privados, muchos de ellos con fuerte presencia de capital extranjero (antes, para conseguir el dominio de las estructuras estratégicas de un país, había que invadirle militarmente. Hoy la falta de soberanía real de los Estados se ilustra perfectamente en que están en manos del Gran Capital Global).

Algunos ejemplos (véase la importancia de las grandes gestoras de Fondos de Inversión de las que hemos hablado aquí repetidamente):

Telefónica

Tras su privatización completa en 1997, el capital quedó distribuido entre inversores institucionales.

Entre los principales accionistas en distintos momentos han figurado:

• BBVA
• La Caixa (a través de Criteria)
• BlackRock
• Vanguard
• Fondos de inversión internacionales

Repsol

Después de la privatización:

• La Caixa (Criteria)
• Sacyr
• JP Morgan Asset Management
• BlackRock
• Otros fondos internacionales

Endesa

Tras varios procesos corporativos:

• La italiana Enel, controlada mayoritariamente por el Estado italiano, pasó a controlar Endesa.
• Actualmente Endesa es una filial de Enel.

Es decir, una antigua empresa pública española acabó bajo control de una gran compañía energética extranjera.

Argentaria

Argentaria era un grupo bancario público.

• Fue privatizado.
• Se fusionó con Banco Bilbao Vizcaya (BBV).
• De ahí surgió BBVA.

Gas Natural

Posteriormente rebautizada como Naturgy.

Participaron o han participado:

• La Caixa/Criteria
• Fondos internacionales como BlackRock
• Global Infrastructure Partners (GIP)
• CVC Capital Partners
• IFM Investors

Infraestructuras

Empresas como:

• Abertis
• Ferrovial
• ACS (las tres fueron adquiriendo una importancia creciente en autopistas, aeropuertos, telecomunicaciones e infraestructuras tanto en España como en el exterior).

Con José Luis Rodríguez Zapatero (2004‑2011) se mantiene la lógica de “Estado regulador” más que “Estado empresario”, y se avanza en la apertura al capital privado de infraestructuras como AENA (gestión de aeropuertos) y en la extensión de modelos de “colaboración público‑privada” (que en realidad significa beneficio privado a costa de la inversión pública) en sanidad y servicios sociales en algunas Comunidades Autónomas. Durante su gobierno PSOE y PP acordaron reformar el artículo 135 de la Constitución Española. La modificación introdujo dos principios fundamentales: a) el principio de estabilidad presupuestaria, limitando el déficit estructural de las administraciones públicas; b) la prioridad absoluta del pago de la deuda pública y sus intereses. El apartado más citado es el artículo 135.3: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.» Lo que significa que, jurídicamente, el Estado debe atender antes sus compromisos financieros derivados de la deuda pública que otros gastos presupuestarios discrecionales. Los partidos del capital, ya se sabe, siempre anteponen los intereses del capital (cada vez más del capital a interés especulativo-parasitario, por cierto).

Con Mariano Rajoy (2011‑2018), en plena crisis de deuda y bajo presión de la “troika” (nombre que se dio al grupo de tres instituciones que supervisó y gestionó los programas de rescate financiero de varios países de la eurozona durante la crisis de la deuda soberana, especialmente entre 2010 y 2015: Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), se profundizan las políticas de ajuste y se consolidan privatizaciones y concesiones en autopistas, hospitales y servicios auxiliares, además de contrarreformas laborales que facilitan la externalización de servicios y la extensión de la precariedad.

Si se mira el conjunto de la UE, la tendencia es similar: el peso directo del empleo público en sectores como sanidad y educación se mantiene, pero crece la parte de servicios subcontratados (limpieza, catering, seguridad, mantenimiento, gestión de datos, etc.), y se extiende el modelo de concesión privada en transporte, agua, residuos y energía. Los datos de Eurostat sobre “general government expenditure by function” permiten ver cómo, en paralelo, aumenta la participación de empresas privadas en la provisión efectiva de esos servicios, aunque el pago siga siendo público. Desde el punto de vista de las condiciones de vida, esto se traduce en tarifas más altas, menor control democrático sobre servicios esenciales y una “división de tareas”: el Estado paga, pero la gestión y la lógica de negocio son privadas.

Alimentos y vivienda como activos especulativos

En los alimentos, el mecanismo básico es que dejan de ser sólo bienes imprescindibles de consumo que ya se convirtieron en mercancías, para pasar a ser “activos financieros” a través de los mercados de futuros y derivados (contratos a meses o años vista en donde se especula con los precios que habrá entonces) sobre materias primas agrícolas (trigo, maíz, soja, aceite, etc.). Desde 2021 se observa un fuerte aumento de los precios internacionales de estas particulares commodities, que se trasladó con retraso a los precios al productor y, finalmente, al consumidor. El Banco Central Europeo ha documentado que en la zona euro los precios de los alimentos llegaron a crecer cerca de un 18% interanual a comienzos de 2023 (frente a una media histórica de menos del 2% anual en los últimos 25 años). Esa subida no se explica solo por costes “reales” (energía, fertilizantes, transporte), sino también por la dinámica de los mercados financieros: cuando los fondos de inversión buscan refugio frente a la volatilidad bursátil, aumentan su exposición a materias primas, amplificando los movimientos de precios. La consecuencia social es clara: un bien básico, que debería tener una función de seguridad alimentaria, se convierte en un vehículo de rentabilidad financiera, con una volatilidad que golpea sobre todo a las capas más bajas de la clase trabajadora (así lo explicamos en entrada anterior para el caso de la vivienda LA BARBARIE CAPITALISTA TAMBIÉN SE MANIFIESTA EN LA EXPULSIÓN RESIDENCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA – El blog de Andrés Piqueras, en el que abundamos a continuación).

El Parlamento Europeo ha encargado estudios específicos sobre “housing speculation” y “financialisation of housing” en la UE. Uno de ellos muestra que los fondos inmobiliarios residenciales cotizados en la UE-27 han pasado de tener activos tangibles por 4,8 mil millones de euros en 2004 a casi 198,7 mil millones en 2024. Es decir, el volumen de vivienda gestionada como activo financiero por fondos y tenedores corporativos se ha multiplicado más de cuarenta veces.

Al mismo tiempo, entre 2015 y 2024 el crédito hipotecario de los hogares en la UE cayó un 18%, mientras que los precios de la vivienda aumentaron un 61% (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/CASP_ATA(2026)783551). El propio informe indica un cambio de régimen: ya no es tanto el endeudamiento de las familias el que impulsa los precios, sino la entrada de capital institucional y patrimonios acumulados que buscan rentabilidad en el mercado residencial.

Ese estudio subraya además que, aunque la cuota total de vivienda en manos de grandes Fondos sigue siendo relativamente minoritaria, su presencia se concentra en determinados segmentos y ciudades (centros urbanos, vivienda nueva, alquiler “prime”), donde su capacidad de fijar precios y de presionar al alza las rentas es muy significativa. En paralelo, Eurostat muestra que el índice de precios de la vivienda en la UE (base 2015=100) ha alcanzado alrededor de 165 en el primer trimestre de 2026, lo que implica un aumento de más del 65% desde 2015, mientras los salarios reales han tenido una evolución mucho más modesta (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_price_statistics; https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hpi_q/default/table). Además, en 2025, el 27% de los/las jóvenes de la UE vivían en viviendas sobreocupadas, un indicador directo de la presión sobre las condiciones de vida.

Cuando se habla de “fondos buitre” comprando viviendas, se alude precisamente a esta lógica: vehículos de inversión que adquieren grandes paquetes de vivienda (a menudo procedentes de Bancos, de parques públicos o de promotores en dificultades) para maximizar rentas y ganancias, sin ninguna obligación de garantizar accesibilidad o estabilidad residencial. El resultado es que la vivienda deja de ser principalmente un derecho social y se consolida como activo financiero, con dinámicas especulativas cada vez más brutales. Y es que, repito, ante la falta de suficiente beneficio productivo e incluso cuando decae el financiero, los últimos refugios seguros con los que especular son los bienes básicos de los que no puede prescindir la población.

Sobre la vivienda social en la UE y en el Reino de España los datos comparados son muy claros: el Reino de España está en la cola de Europa. Según un análisis comparado del parque de alquiler social, solo el 3,3% de las viviendas principales son vivienda social, frente al 8% de media en la UE‑27. En términos absolutos, el Reino de España tiene 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, frente a 11,5 por cada 100 habitantes en Países Bajos. El parque público español ronda las 318.000 viviendas, apenas el 1,72% de los hogares, muy lejos de los estándares europeos.

Los países con mayor proporción de vivienda social son Países Bajos (29%), Austria (24%), Dinamarca (20%), Francia (17%), Suecia (16%) y Finlandia (11%). Alemania, pese a su tamaño, tiene solo un 4% de vivienda social, pero en términos absolutos cuenta con alrededor de 1,7 millones de viviendas sociales, según Housing Europe. En total, la UE dispone de unos 20 millones de viviendas sociales, equivalentes al 9,7% del parque total.

En el caso español, según el Banco de España, sólo una de cada 65 viviendas es pública, lo que equivale al 1,5% del parque, la cifra más baja de Europa. El esfuerzo para acceder a la vivienda es enorme: en ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona, los hogares en alquiler necesitarían 10 años de renta neta para comprar una vivienda, y el alquiler supera el 30% de la renta en zonas de alta demanda. Los jóvenes entre 18 y 35 años han visto caer su acceso a la propiedad del 41% en 2007 al 22% en 2025.

En general, la crisis social en Europa se agrava por el aumento del precio de la vivienda, que ha subido un 60% de media desde 2015, y por el hecho de que 1 de cada 10 europeos/as no puede pagar su alquiler o hipoteca a tiempo. Además, 1,1 millones de personas duermen cada noche sin hogar en la UE, según FEANTSA.

Datos muy poco “democráticos” y relacionados con los supuestos altos “valores europeos”.

Sobre la pretendida falta de vivienda y la necesidad de seguir construyendo a toda costa

El INE utiliza el consumo eléctrico como indicador: una vivienda se considera vacía cuando no tiene contrato o su consumo anual es inferior al equivalente a 15 días de ocupación. Por este método, el INE estima que alrededor de 3,8 millones de viviendas están realmente vacías en el Reino de España, lo que supone cerca del 15% del parque total. Este dato aparece en el análisis del Censo de Viviendas 2021, que muestra que las viviendas vacías son once veces más numerosas que las viviendas turísticas.

¿Realmente hace falta, entonces, construir y construir exponencialmente, sin parar?, ¿para beneficio de quién?

En cuanto a la propiedad, los datos más precisos provienen del desglose por propietario del Censo 2021. En España hay 417.700 viviendas vacías en las principales ciudades, según el análisis de DatosClaros basado en el INE. De ellas, el 65% pertenecen a particulares, el 20% a grandes tenedores y el 15% a Bancos y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que se creó en 2012 para absorber activos tóxicos de Bancos rescatados tras la crisis inmobiliaria –ya sabe, sus beneficios son privados, sus pérdidas se socializan y luego nunca devuelven lo “prestado” por la sociedad ni perdonan las deudas de sus clientes-).

La Sareb, en particular, gestiona 33.500 viviendas, de las cuales 14.359 están vacías, es decir, el 43% de su cartera. Solo un tercio de estas viviendas vacías están listas para su venta inmediata; el resto están en procesos de adecuación o pendientes de trámites.

Los grandes Fondos y Bancos también poseen una parte significativa del parque en alquiler. Según la Fundación Civio, CaixaBank y Blackstone suman 41.400 viviendas alquiladas, y en total los grandes tenedores controlan más de 185.000 viviendas en el Reino de España. Aunque estas cifras se refieren a viviendas alquiladas, no vacías, muestran la magnitud de la concentración de propiedad en manos de grandes actores.

Por último, el análisis de El Cierre Digital indica que 13 grandes caseros —entre Bancos y Fondos— controlan más de 100.000 viviendas, lo que representa más del 10% del mercado del alquiler. Aunque no todas estas viviendas están vacías, sí muestran la capacidad de estos actores para influir en la oferta y los precios.

Vamos por último a ver en esta entrega cómo la especulación del capitalismo degenerativo actual se ceba con la electricidad.

Cómo funciona el mercado eléctrico (subastas, precio marginal y especulación)

a) Mercado mayorista y subastas

• La electricidad se negocia en mercados mayoristas acoplados al nivel europeo:
  • Mercado “day‑ahead” (día anterior): los productores ofertan cantidades y precios para cada hora del día siguiente.
  • Mercados intradiarios: ajustes dentro del mismo día.
• Cada hora se ordenan las ofertas de menor a mayor precio hasta cubrir la demanda prevista.
• La última central necesaria para cubrir la demanda (la más cara de las que entran) marca el precio para todas: es el llamado precio marginal.

En muchas horas, la tecnología marginal es una central de gas. Aunque haya mucha renovable barata (solar, eólica), el precio final se fija por la central más cara que entra para completar la demanda. El resultado es que cuando el gas se dispara, toda la electricidad se encarece, incluso la producida con renovables o nuclear, porque el mercado paga el mismo precio marginal a todas las tecnologías que han sido aceptadas.

Sobre estos mercados físicos se superponen mercados financieros de futuros y derivados (recordemos, contratos a meses o años vista en donde se especula con los precios que habrá entonces). Los traders pueden apostar sobre la evolución del precio del gas, del CO₂, de la demanda, etc. En un contexto de alta incertidumbre (guerra, sanciones, riesgo de cortes), las expectativas y las posiciones especulativas amplifican la volatilidad. Se compran futuros a precios muy altos por miedo a escasez. Esos precios de futuros influyen en las ofertas de los productores en el mercado físico. El resultado práctico para el consumidor es que no solo paga el coste real de producir electricidad, sino también la prima de riesgo y la volatilidad que se genera en esos mercados.

      Cuadro 3 

Electricidad: qué significa “desregulación” y por qué podría ser más barata

__________________________________________________________________

De tarifas reguladas y monopolios públicos a mercados liberalizados

1. Antes (modelo regulado/monopolio):

• Empresas eléctricas integradas y, a menudo, públicas: generación, transporte y distribución bajo una misma entidad o pocas.
• Tarifas reguladas: el Estado fijaba precios finales para hogares y empresas, basados en costes medios de producción + margen razonable.
• Contratos a largo plazo: muchas inversiones y suministros se planificaban con horizontes largos, reduciendo la volatilidad.
• b) Después (desregulación / liberalización):

• “Unbundling”: separación de generación, transporte y distribución; entrada de múltiples generadores privados.
• Mercado mayorista competitivo: la electricidad se compra y vende en subastas (day‑ahead, intradiario) donde cada central oferta un precio.
• Precio marginal: la última central necesaria para cubrir la demanda (a menudo de gas) fija el precio para todas las tecnologías aceptadas.
• Tarifas finales ligadas al mercado: aunque existan tarifas reguladas para algunos consumidores, el grueso de los precios se referencia al mercado mayorista.

A esto es a lo que se suele llamar “desregulación”: se reduce el control directo del Estado sobre el precio final y se deja a la competencia y al mercado mayorista que fijen precios.

Por qué este diseño encarece y vuelve volátil la electricidad

• Gas como tecnología marginal: cuando el gas está caro, el precio marginal sube mucho, y todas las tecnologías (incluidas renovables y nuclear) cobran ese precio.
• Mercados de futuros y derivados: sobre el mercado físico se construyen mercados financieros donde se negocian expectativas; en contextos de crisis, la especulación y la prima de riesgo amplifican la subida.
• Transmisión a consumidores: las comercializadoras trasladan esos precios (y riesgos) a contratos de hogares y empresas, con cierta protección regulatoria en algunos países, pero no suficiente para neutralizar el shock.

Cómo la electricidad podría ser más barata con otro modelo, aun dentro del beneficio capitalista

Si el coste no se hubiera “desregulado” en este sentido, habría varias alternativas:

• Modelo de coste medio regulado:

• El regulador fija un precio basado en el coste medio de generación (ponderando nuclear, renovables, hidro, gas, etc.) + margen limitado.
• El gas caro no arrastra automáticamente todo el precio; se diluye en el mix.
• Contratos a largo plazo (PPAs, tarifas estables):

• El Estado o empresas públicas firman contratos de suministro a largo plazo con generadores (especialmente renovables y nuclear) a precios relativamente estables.
• Los consumidores finales pagan tarifas menos volátiles, desvinculadas del precio marginal diario.
• Separación de mercados para tecnologías baratas:

• Se podría pagar a renovables y nuclear por su coste + rentabilidad razonable.

En resumen, la liberalización y el diseño marginalista hacen que el precio de la electricidad refleje el coste de la tecnología más cara en cada hora, más la prima de riesgo y la especulación. Un sistema más regulado y basado en costes medios y contratos estables habría dado precios menos volátiles y, en promedio, más bajos para los consumidores, especialmente en situación de Guerra Sistémica Permanente. Pero eso iría contra los altísimos y poderosos intereses rentistas de las fracciones dominantes de la clase capitalista global.

En la(s) próxima(s) entrega(s) veremos más concretamente la repercusión de todo esto en precios, o lo que es lo mismo, en un ingente trasvase del fondo de salario de la clase trabajadora al capital rentista (o cómo les damos dinero sin parar a los ricos). Examinaremos, además, cómo se deterioran las condiciones de vida de las personas a través de la Guerra Sistémica Permanente o Guerra Global que lleva a cabo la clase capitalista dirigida por su hegemón estadounidense-sionista.

Pero también trataremos sobre el comienzo de un gran ciclo de lucha social ya en marcha.

---

LA DESTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS (II) – Andrés Piqueras

Hemos visto hasta aquí que los bienes básicos (energía, alimentos, vivienda…) se han convertido, en paralelo a la decadencia del capital productivo, en activos financieros sometidos a dinámicas especulativas, con datos claros de financialización y de desconexión entre precios y salarios. Los servicios públicos se privatizan o se externalizan crecientemente, de modo que el Estado sigue pagando, pero la lógica de gestión es privada, con impacto directo en tarifas, calidad y condiciones laborales. La base industrial europea, y en particular la alemana, sufre una crisis de competitividad y de costes que se traduce en cierres, despidos y reestructuraciones, mientras el coste de la vida no baja. A todo ello se viene a sumar el gran dispendio de recursos que la militarización y la Guerra Sistémica Permanente están acarreando en Europa, especialmente en este caso, por su continua agresión a Rusia.

Todas estas condiciones confluyen para generar una situación incendiaria en el (pseudo)continente europeo, una “Europa en llamas” a la que, de seguir así las cosas, le esperan momentos verdaderamente dramáticos y decisivos que afrontar. La lucha de clases volverá (de hecho ya ha empezado a) expresarse con fuerza.

Vamos a proporcionar algunos datos y referencias de todo ello.

Magnitud del shock. Inflación de alimentos en la zona euro

Entre principios de 2022 y principios de 2023, los precios de los alimentos llegaron a subir en torno al 15–18 % interanual, frente a una media histórica de alrededor del 2 %.

En marzo de 2023, la inflación de alimentos alcanzó un máximo histórico cercano al 15 %, aunque algunos análisis hablan de casi 18 % en el pico.

A finales de 2024, la tasa interanual de alimentos se había moderado a alrededor de 1,5–5,7 %, pero sobre una base ya muy encarecida respecto a 2020.

La transmisión es lenta pero acumulativa: primero suben las materias primas (costes energéticos y de fertilizantes), luego los precios al productor y, finalmente, los precios al consumidor; cuando llega al supermercado, el puñetazo al bolsillo de las personas es contundente.

En cuanto a la electricidad, tomemos la media de la UE para hogares (consumo medio 2 500–5 000 kWh/año):

Precio medio para hogares (UE, céntimos €/kWh):

Año	Precio medio hogares (€/kWh)	Variación vs 2020
2020	0,2132	–
2021	0,2286	≈ +7 %
2022	0,2682	≈ +26 %
2023	0,2884	≈ +35 %
2024	0,2880	se mantiene en torno al +35 %

En apenas tres años la electricidad doméstica en la UE se encarece del orden de un tercio respecto a 2020, y en muchos países concretos el salto es aún mayor.

A esto se suma que, según la Comisión, los precios minoristas de gas para hogares en 2023 eran casi el doble que antes de la crisis, y los precios industriales de gas y electricidad seguían siendo entre 2 y 4 veces superiores a los de los principales socios comerciales de la UE.

En cuanto a la vivienda, en el nivel agregado de la UE, según el House Price Index (HPI) de Eurostat, se observa lo siguiente:

Índice de precios de vivienda (UE, total, 2015 = 100):

Año	Índice aproximado UE	Variación vs 2015
2015	100	–
2020	~115	≈ +15 %
2021	~122	≈ +22 %
2022	~132	≈ +32 %
2023	~135	≈ +35 %
2024	~137	≈ +37 %

En términos simples, desde 2015 el precio medio de la vivienda en la UE ha subido del orden de un 35–40 %, con una aceleración clara entre 2020 y 2022, coincidiendo con los tipos de interés muy bajos (crédito barato), búsqueda de “refugio” de la inversión especulativa en activos inmobiliarios, revalorización-especulación de viviendas en zonas urbanas y periurbanas.

La subida de tipos de interés a partir de 2022–2023 ha frenado algo el ritmo, pero simplemente hace que la vivienda sea más cara tanto por precio como por coste financiero (hipotecas más caras).

Por lo que respecta a los alimentos, el BCE documenta que su inflación alcanzó máximos históricos en 2022–2023, con tasas cercanas al 15–18 % interanual en el pico. En el acumulado desde 2020 estamos en torno a +30 %.

Resumen cruzado: alimentos, energía, vivienda y salarios (2020–2024)

Área / País	Alimentos (HICP) 2020–2024	Energía (HICP) 2020–2024*	Vivienda (HPI)** 2020–2024	Salarios nominales 2020–2024
UE / zona euro (aprox.)	+30 %	+25–30 % (tras pico mucho mayor en 2022)	+35–40 %	+12–15 %
Alemania (aprox.)	+32 %	+30 %	+25–30 %	+14 %
Francia (aprox.)	+25 %	+20 %	+15–20 %	+11 %
España (aprox.)	+28 %	+22 %	+20–25 %	+10–12 %

* HICP: Harmonised Index of Consumer Prices ** HPI: House Price Index

Los precios de alimentos, energía y vivienda han subido entre el doble y casi el triple de lo que han aumentado los salarios nominales, lo que conlleva una mayor proporción del ingreso dedicada a gastos esenciales, un menor margen para el ahorro y el consumo discrecional y sobre todo, por lo que toca al malestar y la bronca social, una mayor percepción por parte de la población de su “empobrecimiento”, aunque el salario nominal sea algo mayor que en 2020.

Todo lo cual encaja con el análisis del BCE sobre cómo los hogares han tenido que reducir consumo, cambiar patrones de gasto y usar ahorro para compensar la inflación reciente.

Para decirlo en otros términos más contundentes, la clase capitalista (que se hace más y más especulativa-rentista-parasitaria) está saqueando a la sociedad a modo, llevándose cada vez más parte del salario directo, indirecto (servicios y prestaciones sociales) y diferido (pensiones), en un intenso proceso de desposesión de la clase trabajadora.

Pero los riesgos estructurales son también muy serios. La guerra económica contra Rusia, más las agresiones a sus centrales petroleras, están dañando su capacidad de exportar combustibles. Rusia ha impuesto restricciones o suspensiones temporales en distintos momentos, especialmente al diésel. Si a ello se añadieran restricciones de suministro o interrupciones significativas en las exportaciones de combustibles procedentes de los grandes productores del Golfo Pérsico, en Europa la vida no sólo se encarecerá a cotas insoportables, sino que toda la cadena alimenticia se tensionará enormemente, desde la producción de alimentos, al transporte y distribución de los mismos. A partir de ahí es imposible que no se resienta profundamente el conjunto de la economía.

Pues aun así, y a pesar de que en el último momento parece salvarla la campana, la dirigencia europea mira con recelo el acuerdo que Trump acaba de realizar con Putin para que Rusia libere de forma inmediata a los mercados estadounidense y global 300.000 toneladas de diésel, con compromiso de otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón algo más adelante. Lo cual tiene numerosas lecturas. Por una parte, esto aportará algunos ingresos extra a Rusia (en realidad las exportaciones rusas no podrán aumentar significativamente por las sanciones y agresiones recibidas, amén de las propias restricciones internas en caso de guerra, y más aún con la llegada del invierno), pero también da un respiro a la seriamente golpeada economía estadounidense, con favor especial para Trump a poco de las elecciones de medio mandato (mientras que poner más combustible a disposición de los centros imperiales debilita a Irán en su capacidad de defensa estratégica). En cuanto a Europa, y como digo, a pesar del alivio que esto causaría para su castigada economía, deja al liderazgo guerrerista europeo, una vez más, “desplazado” del juego estratégico que se lleva a cabo en las altas esferas, pataleando porque el acuerdo vuelve a entorpecer sus suicidas planes de acoso a Rusia.

Hablemos, un poco, pues, de la Guerra Global en curso.

La GUERRA GLOBAL sigue su marcha.  La agresión yanki-sionista contra Irán viene a dar un nuevo martillazo a la maltrecha economía europea.

La Guerra y el régimen de sanciones contra Irán afecta su capacidad de exportar petróleo y gas, y genera una tensión permanente en el Golfo Pérsico y en rutas como el Estrecho de Ormuz y el de Bab el-Mandeb, por donde pasa una parte significativa del petróleo mundial.

La continuación de esta agresión contra Irán conlleva la escalada del precio internacional (Brent) del petróleo, con efectos inmediatos en combustibles, transporte y logística. Y de ahí a los alimentos y bienes básicos, con precios ya calentados por la guerra económica contra Rusia, que más parece una autoflagelación de la clase capitalista europea contra sus propios intereses y contra los de sus poblaciones. La presión sobre los presupuestos públicos también se acentúa.

Ello va de la mano de la militarización creciente de las sociedades europeas y de los gastos militares. Así, por ejemplo, en la Declaración Final de Ankara los 32 estados miembros de la OTAN reiteraron su compromiso con la dictadura de corte nazi ucraniana y sus esfuerzos bélicos (en realidad colectivos de la OTAN) contra Rusia. El acuerdo implica movilizar unos 80.000 millones de dólares a través de dos mecanismos. En primer lugar, 32.000 millones procederían del préstamo que la Unión Europea ha concedido a la dictadura ucraniana; mientras que los 48.000 restantes serían aportados por los diferentes Estados aliados mediante contribuciones bilaterales. Esos mismos Estados que nutren nazis -con sus respectivas izquierdas parlamentarias aplaudiéndolos- son los que luego aseguran que no tienen presupuestos para mejorar la sanidad y la educación, solventar el problema de la vivienda, el transporte o, en general, la carestía de la vida que empobrece más y más a una mayor parte de la clase trabajadora. Por si fuera poco, se ha establecido que para 2027 el nivel de apoyo económico será similar.

De hecho, el consejo de ministros español, por ejemplo, acaba de autorizar una contribución de 50 millones de euros a la OTAN para enviar material militar a Ucrania, como aportación al programa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Este programa, al que el Reino de España ya había aportado otros 150 millones de euros previamente, fue presentado en julio de 2025 y surge como respuesta a las exigencias estadounidenses de aumentar el gasto militar.

La ayuda financiera española a la dictadura de Ucrania desde 2022 asciende a casi 17.000 millones de euros. De ellos, aproximadamente 16.223 millones corresponden a compromisos indirectos a través de la UE. 641 millones corresponden a garantías directas y compromisos con instituciones financieras internacionales. La AECID había aportado 72 millones en ayuda directa no reembolsable.

La propia Comisión Europea afirma que el conjunto de la UE y sus Estados miembros ha movilizado 228.700 millones de euros para Ucrania desde el inicio de la guerra. Resumimos su desglose:

• 114.400 millones aportados o garantizados por el presupuesto de la UE.
• 77.900 millones en asistencia militar.
• Hasta 17.000 millones para atender a refugiados ucranianos dentro de la UE.
• 15.500 millones de apoyo adicional de Estados miembros.
• 3.800 millones procedentes de los rendimientos de activos rusos inmovilizados.

Para Europa en sentido amplio, un informe reciente del Parlamento Europeo habla de alrededor de 200.000 millones de euros movilizados por la UE y los Estados miembros, y señala que si se añaden países europeos como Reino Unido y Noruega el bloque europeo se ha convertido en el principal sostén de Ucrania tras la retirada estadounidense.

La creación del mecanismo PURL ilustra además una tendencia más amplia. Tras la decisión de Washington de dejar de financiar directamente buena parte del armamento suministrado a Kiev, los gobiernos europeos han pasado a sufragar la compra de equipos fabricados por la industria militar estadounidense. El Reino de España, por ejemplo, ya ha comprometido 150 millones de euros a este programa. Este mecanismo refleja a todas luces una relación económica asimétrica en la que Europa aporta financiación mientras que una parte significativa de los beneficios industriales recae sobre empresas norteamericanas.

¿Cómo funciona?

Según las explicaciones difundidas sobre el mecanismo PURL, Ucrania identifica necesidades prioritarias, el SACEUR (Comandante Supremo Aliado en Europa) y la OTAN coordinan la determinación de las capacidades requeridas, y posteriormente los aliados financian paquetes de armamento y munición suministrados por Estados Unidos. [infodefensa.com].

Primer paso: el régimen proto-nazi de Ucrania elabora una lista de necesidades en materia de equipamiento militar europeo.

Siguiente: el Pentágono da su visto bueno y ofrece a sus aliados un catálogo de material estadounidense listo para enviar o rápidamente producible.

Tercero: los países financiadores depositan su dinero (normalmente en paquetes de 500 millones) con lo que todo está listo para que se ejecute el envío.

Así que el mecanismo PURL constituye un procedimiento mediante el cual fondos aportados por los Estados europeos y otros aliados financian la adquisición de armamento fabricado en Estados Unidos para Ucrania. Dicho en términos más cáusticos, esta es una de las vías mediante las que Estados Unidos se hace con el dinero público europeo. Pero es sólo una más. Las relaciones económicas con Estados Unidos rara vez (o nunca) son simétricas y se basan en la posición de fuerza del gigante imperialista. Incluso los tratados comerciales son disparatados, por ejemplo, en el firmado en agosto de 2025, se reducen o eliminan trabas y aranceles para los productos agrícolas estadounidenses y se gravan con un 15% las exportaciones europeas. Teniendo en cuenta que la normativa en cuanto a insecticidas o fertilizantes es mucho más laxa para los agricultores estadounidenses, y que los latifundios de explotación intensiva yanquis son enormes, la soberanía alimentaria de los países europeos se pone en serio peligro. Nuestros agricultores no pueden competir.

Pero veamos más referencias de lo que se destina a la Guerra.

La Agencia Europea de Defensa (EDA) informó en julio de 2026 que el gasto militar conjunto de los 27 países de la UE alcanzó 418.000 millones de euros en 2025, equivalente al 2,2% del PIB de la UE. Además, proyecta 454.000 millones de euros en 2026 (2,4% del PIB). Lo cual supone +20% entre 2024 y 2025; +75% respecto a 2021 [eda.europa.eu], [consilium.europa.eu].

Según el informe anual de la OTAN publicado en 2026, los aliados europeos y Canadá gastaron 574.000 millones de dólares en 2025, un 20% más que en 2024, aumentando un 15% sólo este año, según datos del SIPRI y la OTAN. Entre 2021 y 2025 Europa y Canadá han protagonizado el mayor incremento de gasto militar desde el final de la espuriamente bautizada como “Guerra Fría” [france24.com], [nato.int]. 

En resumen, buscando destinar por imposición de Estados Unidos el 5% del PIB en la industria de la muerte (eso que llaman “Defensa”), Europa ha duplicado su gasto militar en cinco años. El déficit presupuestario de la zona euro (2,9% del PIB) y la deuda pública (que ronda el 88–90 % del PIB) no han hecho sino resentirse crecientemente con ello, pues para costear todo esto las autoridades europeas tuvieron no sólo que incrementar la deuda y el déficit, sino también bombear más recursos de sus poblaciones subiendo los impuestos, aumentando la deuda nacional y su servicio, y también recortando el gasto social.

La otrora “locomotora europea”, Alemania, por ejemplo, cerró el 2025 con una deuda de 2,8 billones de euros, el 63,5% de su PIB, unos 34.000 euros per cápita.

Déficit y deuda pública (según Eurostat)

Unión Europea

En 2025:

• déficit público UE: 3,1% del PIB
• deuda pública UE: 81,7% del PIB.

En la zona euro:

• déficit: 2,9% del PIB
• deuda: 87,8% del PIB.

Algunos países (2025)

País	Déficit (% PIB)	Deuda (% PIB)
Francia	-5,1	115,6
Bélgica	-5,2	107,9
España	-2,4	100,7
Alemania	-2,7	63,5
Italia	-3,1	137,1
Polonia	-7,3	59,7
Rumanía	-7,9	59,3

---

El caso francés probablemente sea el ejemplo más representativo. Según datos oficiales del INSEE para 2025:

• crecimiento del PIB: 0,8%
• déficit: 5,1% del PIB

• deuda: 115,6% del PIB
• gasto público total: 57,2% del PIB.

Además, la Comisión Europea prevé para el Estado francés:

• déficit del 5,1% también en 2026
• deuda del 118,1% del PIB en 2026
• alrededor del 120% en 2027. Los pagos por intereses de la deuda francesa habrían aumentado hasta el 2,6% del PIB en 2026, según la Comisión Europea.

Así que no es de extrañar que Francia sea de nuevo uno de los puntos de ebullición de Europa. El aumento de los costes financieros, junto con la desaceleración económica, el encarecimiento energético y el incremento del gasto estratégico y militar, estrecha el margen presupuestario del Estado francés y alimenta los conflictos sociales sobre pensiones, sanidad, servicios públicos y salarios.

Y es que, repetimos, en diferentes ámbitos, desde el armamentístico a la vivienda, la energía o la alimentación, la población europea está siendo saqueada. La espiral de retroalimentación negativa en el destrozo de las condiciones de vida se manifiesta como imparable:

Más Crisis – más gastos militares (la Guerra para el capital siempre fue una vía de escape a sus crisis) –  más carestía de la vida – más deterioro de los servicios sociales – más autoritarismo y represión social – más gastos policiales – menor capacidad de consumo de las poblaciones – menor dinámica económica –  más explosión social – más Crisis…

Fijémonos en un ejemplo de cómo se expresa este círculo decadente en un indicador tan básico como la fertilidad (y es que alguien ya ha hecho la inteligente broma de que al proletariado le están quitando hasta la prole).

La militarización social tiene una gran responsabilidad en todo ello. Pero sus consecuencias sociales van todavía más allá.

El aumento simultáneo de gasto militar, costes energéticos, endeudamiento público y pago de intereses reduce el margen fiscal de los Estados europeos y no puede sino alimentar conflictos en los diferentes sectores económicos, además de acentuarlos sobre pensiones, sanidad, educación, vivienda, condiciones laborales y salarios.

La lucha está servida.

---

LA DESTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS  (Tercera y última parte)

La explosión de la lucha social. Europa en llamas

Toda la espiral de empobrecimiento de las sociedades europeas vinculada a la Guerra Global en la que Europa participa subordinadamente respecto de Estados Unidos, para transferirle, de paso, cada vez más recursos en una especie de Plan Marshall al revés, como hemos visto en las dos entregas anteriores, está dando como resultado una Europa en llamas. Se disparan las protestas, manifestaciones y concentraciones en los diferentes sectores. También en el ámbito social en sentido amplio, o por decirlo de otra forma, el sindicalismo, para ponerse al día con la protesta, se va socializando más y más.        

El ciclo del malestar social europeo pasa por luchas por el coste de la vida, vivienda (tipos altos → hipotecas impagables; alquileres disparados en toda Europa; “fondos buitre” y turismo presionando el mercado), agricultura (con protestas masivas en Francia, Alemania, España, Italia, Polonia y Países Bajos), transporte (movilizaciones de camioneros, taxistas y transportistas por combustibles y peajes), servicios públicos, sanidad saturada, educación precarizada, cuidados en crisis por inflación y falta de personal. 

Veamos una radiografía de secuencia de algunos casos concretos bien significativos.

El ciclo de movilización de septiembre-octubre de 2026 en el Reino de España

Poco habrá que decir sobre las causas del movimiento que se ha suscitado en el Reino Bubónico, perdón, Borbónico, de España, tras el desalojo y muerte de Maricarmen Abascal, discapacitada de 87 años expulsada de su casa a la fuerza tras 7 décadas de vida en ella. 

Se vienen convocando protestas, con manifestaciones, concentraciones y acampadas en más de 50 ciudades. La manifestación de Madrid reunió unas 70.000 personas según Delegación del Gobierno, hasta 500.000 según las organizaciones convocantes. La protesta de Barcelona sumó 20.000 asistentes según Guardia Urbana, 120.000 según las organizadoras. En Valencia las movilizaciones tuvieron especial relevancia. Tras la manifestación se organizó una acampada que arrancó con alrededor de 100 tiendas de campaña y más de 200 participantes permanentes, y no ha parado de aumentar.

Además, ya está convocada una huelga general cuya intención es unir las diferentes reivindicaciones en todos los ámbitos, planteándose el gran reto de hacer confluir todas las luchas en una lucha (los sectores de la educación, de la salud y del campo han empezado ya a moverse, en el primer caso con contundencia de nuevo -huelga general indefinida en Madrid- y brutalidad policial también por medio), en pos de un Gran Movimiento Social que sacuda las instituciones y cambie la correlación social de fuerzas. Un Movimiento que debe ser consciente de que la Militarización, la Guerra, la OTAN y la UE son parte inseparable del problema y actuar contra la escalada de las primeras y los mandatos de las segundas.

Magnitud de la movilización estudiantil en Francia

Hoy el estudiantado francés va a la cabeza de Europa en este ámbito (aunque Albania acaba de saltar también con fuerza). Según el Ministerio del Interior francés, el pasado 6 de octubre participaron en las manifestaciones más de 250.000 personas en todo el país, de las cuales unas 56.000 lo hicieron en París. Los sindicatos estudiantiles elevaron la participación hasta aproximadamente 450.000 manifestantes. En una nueva jornada de protesta, el 8 de octubre, el Ministerio del Interior contabilizó 71.500 manifestantes, incluyendo 24.500 en París.

Entre 400 y 500 liceos (institutos) afectados en toda Francia y aproximadamente 160 liceos cerrados en la región parisina [lemonde.fr], más de 640 liceos bloqueados en una de las jornadas de movilización y más de 30 universidades bloqueadas [union-etudiante.fr]

Las principales ciudades afectadas están siendo París, Marsella, Lyon, Nantes, Rennes, Estrasburgo, Lille, Toulouse, Burdeos, Amiens, Rouen, Poitiers, Brest y Saint-Étienne.

Las protestas han ido acompañadas de la habitual brutalidad policial*: más de 6.800 detenidos desde el inicio del movimiento –86% de los cuales, menores de edad–; al menos 248 estudiantes heridos y 100 miembros del personal educativo (profesores/as, directores/as, otros/as trabajadores/as…) heridos [france24.com].

Con estas palabras increpó un diputado del Grupo Ecologista al primer ministro francés, Sébastien Lecornu: “Señor primer ministro, las respuestas que da desde hace rato no sólo son ineptas, sino inhumanas. ¿Un accidente, una joven de 14 años estrangulada? ¿Un accidente, un intento de ahogamiento contra un joven? ¿Un accidente, un niño de 15 años que pierde la mano y el antebrazo porque se empleó contra él un arma de guerra? ¿Accidentes, señor primer ministro? (https://x.com/mfceli/status/2108533459316789419?s=52&t=DOCl1gQf1qGd3VbDBBCnvA).

Las protestas han puesto de manifiesto la tensión entre las demandas populares de inversión en servicios públicos deteriorados y un gobierno guerrerista que destina cada vez más presupuesto a la industria de la muerte, viéndose cada vez más presionado para reducir deuda y déficit públicos.

Las exigencias sociales más repetidas son: contratación de más profesorado; reducción de la masificación de las aulas; rehabilitación de edificios escolares deteriorados; más financiación para la educación pública; cambios en el sistema de acceso a la universidad; rechazo a los recortes presupuestarios en servicios públicos.

Estamos ante una de las mayores movilizaciones juveniles francesas desde las protestas contra la reforma laboral de 2006 o, incluso, desde algunos episodios del movimiento de los «chalecos amarillos», aunque con una base social distinta.

No obstante, por si fuera poco, la ola de “chalecos amarillos” ya se está preparando para reaparecer en cualquier momento. La situación en Francia es incendiaria.

Convocatoria de huelga general en Bélgica

En Bélgica se está produciendo un proceso paralelo, aunque más vinculado a políticas de austeridad, pensiones, salarios e inflación.

La gran manifestación nacional de Bruselas reunió 30.000 participantes según la policía, 50.000 según los sindicatos, con más de 100 detenidos en los disturbios de Bruselas.

En la ciudad de Lieja fueron más de 200 las personas detenidas durante varios días de protestas estudiantiles y sociales [es.euronews.com], de los cuales 114 menores [valencianews.es].

Los motivos principales son que las centrales sindicales rechazan posibles cambios en la indexación automática de salarios; aumentos del IVA; reformas de las pensiones; recortes presupuestarios para ajustarse a las exigencias fiscales europeas; reformas educativas en la Bélgica francófona.

Los principales sindicatos belgas ya han amenazado con una huelga general a finales de noviembre si el Gobierno de Bart De Wever mantiene sus planes

La sociedad griega hastiada

Confluyen en el caso griego reivindicaciones sobre servicios públicos, salarios, vivienda, coste de la vida, una profunda desconfianza hacia las instituciones y el hartazgo ante la sangría los programas de ajuste aplicados tras la crisis de deuda soberana de 2010. Los llamados “rescates financieros” negociados entre Grecia y la «troika» (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) estuvieron condicionados a amplios programas de austeridad, reformas laborales, reducción del gasto público y privatizaciones.

Entre las medidas aplicadas durante aquellos años estuvieron las reducciones salariales y la disminución del empleo en el sector público, los recortes de pensiones, las reformas laborales que debilitaron la negociación colectiva, la privatización o venta de activos públicos y de la práctica totalidad de la riqueza social (Alemania, que comandaba las exigencias comunitarias, se apropió de una buena tajada de ella), los incrementos de impuestos indirectos y las reducciones del gasto sanitario y educativo.

El principal detonante de las movilizaciones recientes ha sido el accidente ferroviario de Tempe, ocurrido el 28 de febrero de 2023, que causó 57 muertos. Dos años después, el aniversario de la tragedia desencadenó algunas de las mayores manifestaciones registradas en Grecia durante la última década. Diversas fuentes informaron de movilizaciones en más de 250 ciudades, con una concentración especialmente multitudinaria en Atenas. Algunas estimaciones sitúan la asistencia en torno a 500.000 personas en la capital y cientos de miles más en el resto del país [nuevarevolucion.es], [estadored.mx].

Las protestas fueron acompañadas por una huelga general que paralizó buena parte de la actividad económica. Quedaron afectados los vuelos, los ferrocarriles, el transporte marítimo, numerosos servicios públicos y gran parte de la actividad comercial.

Más allá del accidente ferroviario, las movilizaciones expresan un malestar social más amplio. Los sindicatos han vinculado sus protestas al deterioro del poder adquisitivo, al encarecimiento de la vivienda, a los bajos salarios y a la situación de los servicios públicos. En abril de 2025 se produjo una nueva huelga general bajo el lema «sus ganancias o nuestras vidas», que reclamaba aumentos salariales y denunciaba el aumento del coste de la vida. Según los sindicatos, el precio de la vivienda aumentó un 27 % entre 2021 y 2024 y los alquileres un 37 % desde 2018 [elenclave.es].

A ello se añadió en octubre de 2025 una nueva huelga general contra una reforma laboral que permitía ampliar hasta trece horas la jornada diaria en determinadas circunstancias. Y es que la explotación extensiva y la sobre-explotación vuelven con redoblado impulso al territorio europeo, lo cual no es sino otro síntoma de su decadencia económica.

Los Países Bajos calientes

En los Países Bajos, las protestas sociales han seguido teniendo como principal protagonista al sector agrario. Durante los dos últimos años han continuado las movilizaciones contra las restricciones medioambientales, especialmente las relacionadas con la reducción de emisiones de nitrógeno y las exigencias impuestas a la ganadería. A principios de 2024 se produjeron bloqueos de carreteras, cortes en pasos fronterizos con Bélgica y otras acciones de protesta que alteraron el tráfico y la actividad económica. Más recientemente, en 2026, los agricultores volvieron a movilizarse contra la política medioambiental y los planes presupuestarios del Gobierno, utilizando tractores para bloquear carreteras y protagonizando nuevas acciones de presión coincidiendo con la presentación de los presupuestos estatales. Estas movilizaciones llegaron a provocar importantes perturbaciones en el transporte y abrieron nuevas investigaciones policiales por incidentes relacionados con la red ferroviaria. Paralelamente, el país ha vivido también movilizaciones de grupos ecologistas y climáticos, especialmente mediante bloqueos de autopistas, lo que ha contribuido a aumentar la polarización social y política en torno a las cuestiones medioambientales y del coste económico de las políticas de la pretendida “transición ecológica” (que es también parte, en realidad, de la Guerra contra Rusia -para intentar paliar la dependencia energética-).

La militarización social y (la vuelta al) servicio militar obligatorio

Las amenazas continuas a Rusia, con un creciente peligro de guerra nuclear, se expresan asimismo en la pujante llamada a filas a las poblaciones europeas.

Tres factores coinciden para el temor de que reaparezca el servicio militar obligatorio en Europa: la Guerra contra Rusia a través de Ucrania; los compromisos de gasto militar de la OTAN (2% del PIB, para llegar al 5%) impuestos por Estados Unidos; el déficit de personal militar en casi todos los ejércitos europeos.

Así, se habla de reinstaurar la mili (Alemania, Francia), ampliarla (Suecia, Noruega, Finlandia), endurecerla (Polonia, Estonia, Letonia), o extenderla a mujeres (Dinamarca, Suecia).

Es por ello que la llamada a filas se está percibiendo como una carga más sobre jóvenes ya golpeados por precariedad, vivienda y salarios. Una militarización social en un momento de crisis económica, que supone una desviación de recursos hacia la industria de la muerte, en detrimento de servicios públicos. Así que se abre un nuevo frente de conflicto social en Europa que no se puede separar del resto de tensiones que venimos señalando: el de la resistencia social a la reintroducción o ampliación del servicio militar obligatorio, especialmente en Alemania, Francia, Polonia, Países Bálticos y Suecia.

Alemania: el epicentro del debate y de la resistencia social a la mili

Alemania ha mantenido una histórica obsesión contra Rusia, desde el I Reich. Sus invasiones en la I y II Guerra Mundiales, tuvieron continuidad con la llamada “Guerra Fría”, tras limpiar el pasado nazi de muchos de sus dirigentes y altos cargos de los distintos ámbitos de la administración, incluyendo secretarios generales de la OTAN. Su papel en la Guerra Global actual o Guerra Sistémica Permanente vuelve a ser de avanzada contra Rusia. Alemania ha decidido convertirse en el principal ariete contra la segunda o primera potencia nuclear del mundo, para lo que no para de prepararse militarmente, con una industria más y más volcada hacia el rearme en detrimento de sectores productivos (la armamentística Rheinmetall –la misma empresa que fuera del ejército nazi- ha experimentado la mayor expansión de ventas y una cartera de pedidos récord vinculada al aumento de los presupuestos militares europeos), y una nuevamente recrudecida militarización social.

La nueva legislación militar alemana introdujo una obligación para los hombres de entre 17 y 45 años de solicitar autorización a la Bundeswehr para permanecer en el extranjero más de tres meses. La norma ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026 con la llamada Ley de Modernización del Servicio Militar.

Más relevantes aún son otros elementos de la reforma:

• Todos los varones nacidos a partir de 2008 deben responder obligatoriamente a un cuestionario militar cuando cumplen 18 años.
• El cuestionario evalúa aptitud física, formación, disponibilidad e interés por el servicio militar.
• Para los hombres, responder es obligatorio; para las mujeres sigue siendo voluntario.
• Se han introducido exámenes médicos obligatorios para las nuevas cohortes masculinas.

El Gobierno quiere aumentar las fuerzas armadas desde unos 184.000 efectivos hasta aproximadamente 260.000 soldados activos y unos 200.000 reservistas hacia 2035.

Alemania mantiene oficialmente un modelo voluntario, pero la legislación prevé que, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento, el Bundestag pueda estudiar la reintroducción de formas de servicio obligatorio mediante una ley posterior.

Así que si son numerosos los países europeos que están aumentando de forma muy significativa los presupuestos militares y reorganizando sus sistemas de reclutamiento.  Alemania constituye probablemente el ejemplo más visible, guerrerista y dramático de esa tendencia.

En esa línea, incrementa también las leyes represivas contra cualquier discrepancia política, como manifestarse en favor de Palestina*, por ejemplo, ya no digamos por la no agresión a Rusia (en todo ello ni Francia ni Gran Bretaña, entre otras formaciones estatales europeas, le van tampoco a la zaga).

___________________________________________________________________________________

*Nota. Se suele aducir la “deuda histórica” de Alemania con la población judía para intentar justificar el injustificable apoyo del Estado alemán al genocidio del pueblo palestino (lo que hace ponerse a Alemania siempre en pro del genocidio). Pero veamos, unos 7 millones de personas soviéticas fueron exterminadas en los campos de concentración alemanes, más otros 20 o 22 millones de personas también masacradas, la absoluta mayor parte de ellas no combatientes, en la invasión alemana a la URSS. ¿No sería con Rusia y su pueblo con quien más debería asumir Alemania su deuda histórica?____________________________________________________________________________________

Sigamos. Alemania abolió la mili en 2011. Las solicitudes de objeción dentro del ejército profesional (Bundeswehr) desde el inicio de la guerra en Ucrania, se multiplicaron por cinco. En 2022 hubo alrededor de 1.000 solicitudes, frente a unas 200 anuales antes de la guerra. En 2023 y 2024 la cifra se mantuvo elevada, con entre 800 y 1.200 solicitudes anuales según la Deutsche Friedensgesellschaft (DFG-VK).

Encuestas del Jugendstudie 2023 muestran que entre el 60% y el 70% de los jóvenes alemanes afirman que rechazarían el servicio militar obligatorio si se reinstaurara. Es una cifra altísima en comparación con décadas anteriores. Alemania ha registrado manifestaciones contra la guerra con Rusia de decenas de miles de personas desde 2022. En Berlín, Leipzig, Hamburgo y Colonia hubo marchas de 20.000 a 50.000 personas en distintos momentos de 2022–2024. En 2023, la campaña “Stoppt den Krieg” movilizó más de 200.000 personas en total a lo largo del año.

El contexto es claro: Alemania es el país más golpeado por el corte del gas ruso, la inflación energética y el desmoronamiento industrial. La idea de la mili aparece en un clima de malestar social acumulado, que desata rabia contra ella, además de incrementar la lucha por la PAZ.

Pero no es el único caso en Europa, ni mucho menos.

Francia, por ejemplo, no le va tan lejos. Allí no se ha reinstaurado la mili clásica, pero Macron impulsa el “Service National Universel” (SNU), obligatorio para jóvenes. Sectores juveniles, sindicatos y organizaciones civiles han organizado protestas, denunciando la militarización, el coste social y la falta de sentido en un contexto de carestía. El SNU se percibe como parte de un giro hacia la disciplina social en un país con huelgas masivas por pensiones, educación, salarios y coste de vida.

Veamos una breve cronología de las luchas europeas contra la obligación de prestar servicio militar, que a menudo se expresan como un movimiento amplio por la PAZ.

2024 — El año de la consolidación en Europa del rechazo social al servicio militar obligatorio

• Enero–marzo 2024 (Alemania): Manifestaciones en Berlín, Hamburgo y Leipzig contra la propuesta de “servicio nacional obligatorio”. Campañas de objeción de conciencia y plataformas juveniles antimilitaristas.
• Primavera 2024 (Francia): Nuevas protestas contra el SNU, especialmente en París, Lyon y Marsella. Se vinculan con huelgas por coste de vida y pensiones.
• 2024 (Suecia y Dinamarca): Movilizaciones de colectivos feministas y juveniles contra la extensión del servicio militar a mujeres.
• 2024 (Polonia): Protestas en Varsovia y Cracovia contra la ampliación del servicio militar y el aumento del gasto militar en plena crisis agrícola.

2025 — Escalada del debate y rechazo más amplio

• Invierno–primavera 2025 (Alemania): El gobierno presenta un borrador de “servicio nacional obligatorio”. Manifestaciones masivas de estudiantes y organizaciones pacifistas. Se vincula directamente con la carestía de la vida, la crisis energética y la vivienda.
• 2025 (Francia): Movilizaciones contra la obligatoriedad del SNU en el último año de implantación progresiva. Se suman sindicatos de educación y colectivos de barrios populares.
• 2025 (Países Bálticos): Protestas menores pero constantes contra la ampliación del servicio militar y la obligación de reserva.

2026 — El ciclo actual: rechazo transversal en Europa

• Enero–septiembre 2026 (Alemania): Manifestaciones en Universidades y ciudades industriales. El rechazo se mezcla con protestas por energía, vivienda y salarios.
• 2026 (Francia): Movilizaciones contra el SNU en su fase de consolidación. Se integran en un ciclo más amplio de protestas por coste de vida y servicios públicos.
• 2026 (Suecia, Dinamarca, Finlandia): Objeción de conciencia organizada y protestas de colectivos juveniles contra la ampliación del servicio militar.
• 2026 (Polonia y Letonia): Nuevas protestas juveniles contra la militarización en un contexto de crisis agrícola y energética.

En conclusión, la crisis estructural europea no se limita a la carestía de la vida, la precariedad laboral, la vivienda, la energía y los servicios públicos: incluye también un giro hacia la militarización que se expresa en la reintroducción o ampliación del servicio militar obligatorio en varios países. Las movilizaciones contra la mili se entrelazan con las huelgas, manifestaciones y protestas en curso configurando un malestar social europeo amplio en el que la militarización aparece como una carga adicional en sociedades ya profundamente tensionadas por la crisis energética derivada de la auto-supresión del suministro ruso y por décadas de políticas que han debilitado el acceso universal a bienes básicos.

Ante esto se presentan sobre todo dos opciones.

A) La que tiene preparada el capital, con sus fuerzas de ultraderecha proto(neo)fascistas que simulan ser antisistema y estar contra casi todo, como por ejemplo las sanciones a Rusia e incluso contra las dañinas disposiciones de la UE, y que, ampliamente financiadas, catapultadas y sostenidas por los poderes fácticos, han mostrado hasta ahora una gran capacidad de atraer a partes importantes de la población y de rentabilizar el malestar social, medrando con él hacia un proceso de proto-renazificación de Europa (gran responsabilidad de ello tienen las izquierdas del Sistema, cómodamente integradas en, o apoyando a, Gobiernos de la OTAN y la UE, responsables o conniventes con la deriva militarista y antisocial europea, por lo que las poblaciones las ven como parte indisociable del problema). 

B) La lucha a la que desde ya tienen que volcarse completamente las izquierdas altersistémicas. Fuerzas y organizaciones que deben tener por objetivo CONFLUIR (dejando de pensar que solas con su verdad pueden enfrentar los gigantescos desafíos y golpes de este momento histórico) por unos objetivos básicos comunes, pues será cada vez más determinante concebir y poner en práctica todas las luchas como una misma lucha, entender que en la superación socialista del capitalismo radica cualquier posibilidad de dignidad y de calidad de vida para las sociedades, así como que en ese camino es imprescindible también la lucha por la PAZ como lucha antiimperialista, para poder tener algún futuro.

En todo ello las fuerzas comunistas -sobre todo si se han sedimentado en la forma partido-, tienen de nuevo un papel histórico que cumplir, fortaleciéndose mutuamente a través de su confluencia práxica, en el acompañamiento y empuje de la ola de lucha social que provoca el capitalismo en degeneración. Si no desperdician el momento marcado por las circunstancias destructivas que vivimos, su importancia volverá a agrandarse. Su papel es y será una vez más, decisivo.