Palestina: la persecución de la solidaridad y la guerra contra quienes defienden los derechos humanos
Proyección del documental y coloquio con Juani Rishmawi en Pamplona. Una convocatoria de Yala Nafarroa con Palestina.
Hay formas de ocupar un territorio que no se limitan a controlar sus fronteras, sus carreteras o sus ciudades. También se puede estrechar el espacio en el que una sociedad puede organizarse, defender sus derechos, documentar las violaciones que sufre y hacer llegar al mundo aquello que otros preferirían mantener fuera de su mirada. Cuando se persigue a quienes prestan asistencia humanitaria, se criminaliza a las organizaciones que denuncian abusos y se convierte la solidaridad en motivo de sospecha criminalizándola de antemano, lo que está en juego no es solamente la continuidad de unas determinadas entidades: es la posibilidad misma de que una población pueda defenderse, hacerse escuchar y preservar su propia existencia colectiva.
De esa realidad se ocupa Espacio Menguante (Shrinking Space), el documental dirigido por Cristina Mora y Norma Nebot que denuncia la persecución de las organizaciones palestinas de derechos humanos, cooperación y acción social. La película, de 79 minutos, nos aproxima a una dimensión de la ocupación que con demasiada frecuencia queda relegada a un segundo plano -en la mayoría de los casos y desde esfera anglo-sionista fuera de él-: la ofensiva contra quienes trabajan para sostener la vida, proteger a la población, documentar las vulneraciones de derechos y preservar los vínculos de una sociedad sometida a una «presión» -limpieza étnica y exterminio- permanente.
Mañana martes 27 de octubre, a las 19:00 horas, podremos acercarnos a este trabajo en el Civivox Condestable de Pamplona, en una convocatoria organizada por Yala Nafarroa con Palestina. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con Juani Rishmawi, cooperante española y protagonista de una experiencia que permite comprender, desde la vivencia personal tras su detención y encarcelamiento en una israelí, las consecuencias de esa persecución.
No estamos, por tanto, ante una cita cinematográfica más. Estamos ante una oportunidad para escuchar, conocer y reflexionar sobre lo que sucede cuando quienes se dedican a defender los derechos humanos pasan a ser tratados como una amenaza.
Cuando ayudar se convierte en una acusación
Juani Rishmawi llevaba décadas viviendo en Palestina y trabajando en cooperación sanitaria. Su labor estaba vinculada a Health Work Committees, una organización palestina dedicada a la atención sanitaria y a la prestación de servicios a la población.
La madrugada del 13 de abril de 2021 fue detenida en su domicilio de Beit Sahour, en Cisjordania, por fuerzas israelíes. Pasó cerca de diez meses encarcelada, sometida a interrogatorios y a un procedimiento judicial militar, hasta su puesta en libertad en febrero de 2022.
Su caso adquirió una considerable repercusión en España. Su detención movilizó a familiares, organizaciones solidarias y numerosas personas que reclamaron su liberación. Pero su historia no puede reducirse a la de una ciudadana española atrapada en un «procedimiento judicial» fuera de su país. Como ella misma ha explicado públicamente, su encarcelamiento debe entenderse también en el contexto de la (re)presión ejercida sobre las organizaciones humanitarias palestinas y sobre quienes trabajan con ellas.
La persecución no afecta únicamente a quienes aparecen en los titulares. Alcanza a trabajadores sanitarios, defensores de derechos humanos, activistas, organizaciones de mujeres y personas que documentan las consecuencias de la ocupación. Afecta, en definitiva, a quienes contribuyen a mantener en pie las estructuras civiles que permiten a una sociedad atender sus necesidades y defender sus derechos.
La historia de Juani Rishmawi nos obliga a mirar más allá de una «detención» individual. Nos lleva a preguntarnos qué ocurre cuando la actividad humanitaria queda atrapada en un marco de sospecha permanente y cuando la calificación de una organización como terrorista puede determinar no solo su futuro, sino también el de las personas que trabajan con ella y las comunidades a las que presta servicio.
Siete organizaciones bajo la (re)presión de/y la criminalización
En octubre de 2021, el ente sionista señaló a seis organizaciones palestinas como organizaciones terroristas. Entre ellas figuraban Al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defense for Children International-Palestine, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. La película aborda también el caso de Health Work Committees, vinculada a la trayectoria de Rishmawi.
Estas entidades desarrollan actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, la asistencia jurídica, la protección de la infancia, el trabajo agrícola, los derechos de las mujeres y la atención sanitaria. Sus actividades y sus respectivas situaciones jurídicas no son idénticas, pero todas forman parte del entramado de la sociedad civil palestina que el documental invita a examinar.
La «designación» de estas organizaciones provocó preocupación y rechazo entre entidades internacionales de derechos humanos. La cuestión no es menor: las acusaciones de terrorismo tienen consecuencias que van mucho más allá de una etiqueta administrativa. Pueden facilitar restricciones a las actividades, obstaculizar la financiación, exponer al personal a procesos judiciales -más represión- y disuadir a otras personas de colaborar con quienes han sido señalados.
Por eso resulta imprescindible examinar las acusaciones concretas, las pruebas presentadas y las «garantías» judiciales aplicadas, en lugar de aceptar que una «calificación oficial» resuelva por sí sola la cuestión. Una acusación no equivale a una demostración de culpabilidad, y el trabajo de una organización no puede juzgarse exclusivamente a partir de la etiqueta que le imponga una «autoridad» como la israelí, cuyo historial de ocupación, desposesión y limpieza étnica contra el pueblo palestino constituye el contexto en el que actúan y al que se enfrentan precisamente muchas de estas organizaciones.
La persecución de la sociedad civil que se organiza solidariamente en defensa de los oprimidos tiene, además, una consecuencia que rara vez se expresa con suficiente claridad, gracias, una vez más, a la hasbara: cuando desaparecen o quedan debilitadas las organizaciones que prestan asistencia, documentan abusos y acompañan a las víctimas, la población pierde herramientas fundamentales para defenderse y, en el caso palestino, concretamente, para sobrevivir. La represión no termina en las puertas de una oficina clausurada o de una prisión. Se extiende hasta quienes dejan de recibir atención, pierden asistencia jurídica o se quedan sin una organización capaz de denunciar públicamente lo que les sucede.
Reducir el espacio hasta silenciar a quienes lo habitan
El título del documental contiene una idea que trasciende la dimensión geográfica. El espacio menguante es el territorio físico sometido a la ocupación, pero también el espacio jurídico, social y político en el que una población puede desarrollar su vida colectiva.
Ese espacio se reduce cuando se restringe la movilidad, se destruyen infraestructuras, se dificulta el acceso a servicios esenciales o se somete a las organizaciones civiles a una presión que amenaza su continuidad. También se reduce cuando las personas temen que colaborar con una entidad humanitaria pueda convertirlas en objeto de sospecha, cuando las voces críticas quedan desacreditadas de antemano o cuando quienes denuncian vulneraciones de derechos deben dedicar sus esfuerzos a defenderse de las acusaciones que reciben.
La persecución de la sociedad civil organizada no es, por tanto, un asunto periférico respecto de la ocupación. Es una cuestión central para comprender cómo se debilita la capacidad de una población para sostener sus propias estructuras, preservar sus vínculos comunitarios y transmitir al exterior información sobre su situación.
Una sociedad a la que se le dificulta organizarse, documentar lo que ocurre y defender públicamente sus derechos se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no es únicamente material: también afecta a su capacidad para intervenir en la disputa por el significado de los acontecimientos que están acabando con su propia existencia como pueblo, en su propia tierra.
La guerra cognitiva: cuando la denuncia se convierte en sospecha
La guerra por el control de la realidad no se libra únicamente mediante la difusión de mensajes, sino también mediante el condicionamiento de aquello que una sociedad puede conocer, de las voces a las que concede credibilidad y de los hechos que llega a considerar dignos de atención. Es en ese terreno, donde se moldean las percepciones, se delimitan los márgenes de lo pensable y se condiciona la capacidad de juicio, donde la disputa por el relato adquiere una dimensión decisiva.
Espacio Menguante permite examinar esta dimensión sin confundir la documentación de unos hechos con su interpretación. La película dirige nuestra atención hacia organizaciones y personas cuya actividad consiste, entre otras cosas, en atender a la población, defender derechos y denunciar vulneraciones. Cuando esas mismas personas y entidades son presentadas como amenazas, se abre una disputa sobre la legitimidad de su palabra y sobre la posibilidad de que sus testimonios sean escuchados.
La cuestión es especialmente grave cuando una acusación se instala en el espacio público antes de que el público conozca las pruebas, las circunstancias del procedimiento y las explicaciones de las personas afectadas. En ese escenario, la etiqueta puede terminar funcionando como una conclusión anticipada: ya no se escucha a quien denuncia para determinar qué ha sucedido; se interpreta lo que dice a partir de la sospecha que previamente se ha construido sobre su persona.
No hace falta que desaparezca toda información para que la comprensión de una realidad quede distorsionada. Basta, en determinadas circunstancias, con que las fuentes que la documentan pierdan credibilidad, que los testimonios de las víctimas sean relegados o que la atención pública se desplace desde los hechos denunciados hacia la supuesta peligrosidad de quienes los hacen visibles.
Esta es una de las cuestiones que merece plantearse a partir del documental: ¿qué ocurre con el derecho de una sociedad a conocer su propia realidad cuando se debilita o persigue a quienes la documentan?
La pregunta no exige aceptar automáticamente cualquier testimonio ni renunciar a la comprobación de los hechos. Exige precisamente lo contrario: investigar, contrastar, escuchar a las partes y distinguir las pruebas de las acusaciones. La defensa del juicio propio comienza cuando nos negamos a sustituir ese proceso por una clasificación que nos diga de antemano quién merece ser escuchado y quién debe quedar excluido.
Por eso la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con garantías no son formalidades prescindibles. Son condiciones indispensables para impedir que la acusación se convierta en una sentencia social antes de que los hechos hayan sido examinados. Y el derecho a la información requiere que quienes documentan vulneraciones de derechos puedan desarrollar su trabajo sin que la estigmatización sustituya al debate sobre las pruebas.
La solidaridad internacionalista frente al aislamiento
La experiencia de Juani Rishmawi también nos recuerda que la solidaridad internacionalista no consiste en contemplar a distancia el sufrimiento de otros pueblos. Consiste en reconocer su dignidad, acompañar sus luchas por los derechos y comprender que la defensa de la justicia no puede depender de la nacionalidad de las víctimas ni de la conveniencia política de quienes podrían prestarles apoyo.
La solidaridad movilizada durante su encarcelamiento demostró la importancia de las redes que conectan a personas, asociaciones y organizaciones de distintos países. Frente al aislamiento, esas redes permiten dar visibilidad a los casos, reclamar explicaciones, exigir garantías y evitar que una persona quede reducida a un expediente del que nadie fuera de su entorno tenga conocimiento.
Pero la solidaridad no debe detenerse en la liberación de una persona, por importante que sea conseguirla. Debe extenderse a las condiciones que hicieron posible su persecución y a la situación de las organizaciones palestinas que continúan trabajando bajo presión. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una experiencia individual en una excepción conmovedora y dejar intacto el problema colectivo que permite que se repita.
La defensa de la sociedad civil palestina exige prestar atención a las organizaciones que sostienen la vida cotidiana, a quienes protegen a la infancia, a quienes prestan asistencia sanitaria, a quienes acompañan a las mujeres y a quienes documentan las vulneraciones de derechos. Exige también que las instituciones internacionales y los gobiernos europeos examinen sus propias responsabilidades, sus respuestas diplomáticas y la coherencia entre sus declaraciones sobre derechos humanos y sus actuaciones concretas.
No se trata de sustituir el análisis por consignas ni de aceptar sin examen cualquier afirmación formulada en nombre de una causa justa. Se trata de aplicar a todos los actores los mismos principios de rigor, responsabilidad y garantías, sin permitir que las relaciones de poder determinen de antemano qué sufrimientos merecen ser conocidos y qué voces pueden ser silenciadas.
Una cita para escuchar y pensar
La proyección de Espacio Menguante en Pamplona ofrece la posibilidad de acercarse a estas cuestiones a través del lenguaje documental y de un coloquio con una de sus protagonistas. La presencia de Juani Rishmawi permite que la reflexión no termine con los créditos de la película, sino que continúe mediante el testimonio directo y el intercambio con el público.
Escuchar a quien ha vivido una detención y encarcelamiento no significa renunciar a las preguntas, sino comprender por qué esas preguntas importan. Significa atender a las consecuencias humanas de decisiones políticas y judiciales, y examinar el contexto en el que esas decisiones se producen.
La defensa de los derechos humanos pierde su sentido cuando se convierte en una declaración abstracta, separada de las personas que necesitan esos derechos para vivir. Del mismo modo, la libertad de expresión queda vaciada de contenido cuando se reconoce en teoría, pero se estrechan las condiciones materiales y sociales que permiten ejercerla.
Por eso debemos preguntarnos qué espacio queda para la denuncia cuando se persigue a quienes documentan las vulneraciones; qué posibilidades tiene una sociedad de defenderse cuando se debilitan sus organizaciones; y qué responsabilidad tenemos, desde fuera de Palestina, ante la reducción de ese espacio.
La respuesta no puede consistir en apartar la mirada ni en aceptar que la reiteración de las noticias termine convirtiendo la injusticia en paisaje. Tampoco basta con compartir una convocatoria y considerar cumplido el compromiso. Hace falta escuchar, estudiar, contrastar y sostener una solidaridad capaz de ir más allá de la emoción inmediata.
El martes 27 de octubre tenemos una oportunidad para hacerlo.
ESPACIO MENGUANTE
Proyección del documental y coloquio con Juani Rishmawi
Martes 27 de octubre de 2026, a las 19:00 horas
Civivox Condestable, salón de actos de la planta baja, Pamplona
Una convocatoria de Yala Nafarroa con Palestina.
Difundir esta cita es contribuir a que la historia de quienes trabajan por los derechos del pueblo palestino no quede sepultada bajo las acusaciones, el aislamiento o el silencio. Acudir es escuchar a quienes han vivido esa realidad y abrir un espacio para la reflexión colectiva.
Porque cuando se reduce el espacio en el que un pueblo puede organizarse, defender sus derechos y contar lo que le sucede, defender ese espacio se convierte también en una tarea de solidaridad internacionalista.
Comité de Apoyo a Irán Iberia, a 26 de octubre de 2026
Ficha oficial del documental, Fora de Quadre.
RTVE: Juani Rishmawi, cooperante española detenida en Palestina.
Tasharuk: recursos sobre el documental y las organizaciones palestinas.
Universidad de Burgos: ficha y sinopsis de Espacio Menguante.