Asier y Youssef: de reconocer Palestina a perseguir activistas
Publicado en AlmaplusTV el 19 de julio de 2026
El reconocimiento oficial del Estado palestino por parte del Gobierno español ha sido presentado como un hito diplomático. Sin embargo, las detenciones de los activistas Asier y Youssef, vinculados al movimiento de solidaridad con Palestina, reabren el debate sobre la distancia entre la retórica institucional y la actuación de los aparatos policiales y judiciales. Este análisis examina las acusaciones formuladas contra ambos, el desarrollo del procedimiento, la respuesta social que provocó y el contexto europeo de creciente presión sobre el activismo propalestino. Más allá del caso concreto, el artículo publicado ayer en Almaplus TV, plantea una reflexión sobre los límites efectivos de la libertad de expresión, la solidaridad internacionalista y la protesta política en las democracias occidentales.
Comité de Apoyo a Irán Iberia 2026
La hipocresía que exponen algunos gobiernos que dicen defender y reconocer a Palestina, se hace evidente cuando sus activistas son criminalizados y judicializados.
Acá lo desmontamos: mientras Pedro Sánchez posa en foros internacionales como uno de los pocos líderes europeos dispuestos a señalar el genocidio en Gaza, la Comisaría General de Información de su propia Policía Nacional entra de madrugada en dos domicilios de Bilbao y Getxo para detener a dos militantes cuyo supuesto «delito», en esencia, es haber tomado en serio esa misma causa que el Gobierno dice defender.
No hace falta ser muy suspicaz para notar la distancia entre el discurso y la práctica. Basta con mirar lo que le pasó a los activistas Asier y a Youssef.
Una detención, dos versiones, ningún delito
El 16 de junio, agentes de la Comisaría General de Información ejecutaron, por orden de la Audiencia Nacional, la detención de ambos activistas, vinculados a la red de apoyo a Palestina Samidoun y al colectivo Iranekin Bat.
Uno de ellos administra Frontflict, un canal de Telegram con más de nueve mil seguidores que difunde en castellano información documental sobre el genocidio en Gaza, la guerra contra Irán y los distintos grupos que integran el llamado Eje de la Resistencia. La operación se desarrolló bajo secreto de sumario, con registros domiciliarios que se prolongaron durante días.
Gaurko atxiloketen inguruan gure komitearen komunikatuab (Declaración de nuestro comité sobre las detenciones de hoy)
Comunicado de nuestro comité sobre las detenciones de hoy pic.twitter.com/9gvr3tLsex
— 🇮🇷🇵🇸 Iranekin Bat (@IranekinBat) June 16, 2026
Lo llamativo, y esto conviene subrayarlo porque no es un detalle menor, es que el propio expediente policial ya había sido descartado antes por la justicia. En abril, el juez José Luis Calama había rechazado medidas cautelares similares, calificando el informe de la Comisaría de Información como un conjunto de hipótesis y suposiciones sin base objetiva.
Ni siquiera El Confidencial, el mismo medio que meses atrás imputaba a los activistas delitos de terrorismo, pudo negar que ningún juez de la Audiencia Nacional había encontrado hasta entonces motivos racionales para sospechar de un ilícito.
Y sin embargo, tras un recurso de la Fiscalía y la filtración, presuntamente accidental, del informe en la web del Consejo General del Poder Judicial, el operativo se precipitó igualmente. Cuesta creer que todo esto sea casualidad.
La Ertzaintza carga contra las personas que están mostrando su apoyo a los internacionalistas detenidos. pic.twitter.com/FBl87cDHoC
— Alerta Gorria Irratia (@AlertaIrratia) June 16, 2026
De qué se les acusa realmente, y por qué no se sostiene
El expediente descansa sobre tres pilares, y ninguno resiste demasiado un examen sereno. El primero es la gestión del canal de Telegram, que sus responsables han definido, sin ambigüedad, como un espacio estrictamente informativo, documental y periodístico centrado en el seguimiento de la actualidad geopolítica de Asia Occidental.
El segundo es su activismo internacionalista: viajes a campamentos de refugiados en el Líbano, campañas de boicot contra eventos deportivos israelíes como la Vuelta Ciclista de 2025, y el envío de una suma que ni siquiera alcanza para pagar un mes de alquiler, 142 euros, a un presunto miembro de Hezbolá.
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El tercero es su participación en un ciclo de charlas junto al embajador iraní en España, Reza Zabib, como si dialogar con un diplomático de un Estado con plena representación consular en suelo español fuera, de por sí, un acto de connivencia terrorista.
Ninguno de esos tres ejes describe una conducta delictiva; describen, en todo caso, la biografía habitual de cualquier persona activa en la solidaridad con Palestina en Europa. Que semejante currículum termine derivando en acusaciones de adoctrinamiento, enaltecimiento del terrorismo e integración en organización terrorista dice más sobre el aparato represivo que sobre los propios activistas.
Un juez que dice no, un Estado que insiste
Tras declarar ante Calama, ambos quedaron en libertad provisional, aunque con la retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. La decisión judicial fue, en los hechos, un revés para la hipótesis policial más grave, la de una posible integración en Hezbolá a partir de la simple gestión de contenidos en redes sociales.
Pero que el juez rechace el ingreso en prisión no cierra el caso ni repara el daño: la causa sigue abierta, los pasaportes siguen retenidos, y el mensaje ya quedó enviado antes de cualquier sentencia.
Porque este tipo de operativos no necesitan condena para cumplir su función. El objetivo, más que encarcelar, parece ser exhibir: mostrar a cualquier persona que piense en organizarse en torno a Palestina que su nombre puede terminar en un sumario, sus dispositivos confiscados y su rostro señalado en portada antes de que exista siquiera una acusación formal.
En este caso, además, hubo un agravante particularmente sucio: medios como El Confidencial Digital publicaron detalles de la investigación antes de que se produjeran las detenciones, forzando la aceleración del operativo. El relato de culpabilidad, en los hechos, se escribió antes que el sumario.
La Ertzaintza carga contra quienes salieron a defenderlos
Cuando cientos de personas se movilizaron en el barrio de Algorta, en Getxo, para arropar a los detenidos y se dirigieron hacia una de las viviendas registradas, un fuerte despliegue de la Ertzaintza, coordinado con la Policía Nacional, cortó el paso y arremetió contra la concentración pacífica.
No hubo disturbios que justificaran la respuesta; hubo, simplemente, ciudadanía expresando solidaridad con dos vecinos detenidos por informar. La represión, en este caso, no se limitó a los activistas: alcanzó también a quienes decidieron acompañarlos en la calle.
La contradicción que nadie en el Gobierno quiere nombrar
Aquí es donde conviene detenerse, porque es el corazón de todo este asunto. España reconoció formalmente el Estado de Palestina. España ha llamado genocidio a lo que ocurre en Gaza en foros internacionales, algo que muy pocos gobiernos europeos se han atrevido a decir en voz alta.
Y sin embargo, ese mismo Estado despliega a su Comisaría General de Información, activa su Audiencia Nacional y moviliza a su Ertzaintza contra dos personas cuyo único delito verificable es haber tomado esa misma causa palestina más en serio que el propio Gobierno que dice defenderla. La contradicción no es un matiz retórico: es el mecanismo central de cómo funciona hoy la solidaridad con Palestina en buena parte de Europa.
Se permite el gesto diplomático, la declaración en la ONU, la fotografía condenando la ocupación; lo que no se permite es la organización de base, el activismo concreto, la persona que va más allá del comunicado y se planta frente a una fábrica de armas o levanta un canal de Telegram para contar lo que los grandes medios prefieren no contar.
Y aquí conviene ser honesto también con las propias contradicciones del caso: parte de la cobertura mediática ha mezclado datos, confundido nombres entre los propios acusados, y vinculado el expediente incluso con ETA, en un ejercicio de montaje que ya no distingue entre rigor periodístico y campaña de desprestigio.
Eso no exculpa automáticamente a los activistas de cualquier responsabilidad legal que corresponda dilucidar en un juicio justo, pero sí exige preguntarse por qué el aparato mediático y policial trabajaron con semejante sincronía antes de que existiera una sola condena.
Un patrón que se repite de Londres a Berlín
Lo de Bilbao y Getxo no es un episodio aislado ni una peculiaridad vasca. En Reino Unido, activistas de Palestine Action han recibido penas de hasta ocho años de prisión por daños materiales en fábricas de armas israelíes, procesados bajo legislación antiterrorista pese a no haber ejercido violencia contra ninguna persona.
En Alemania, se han reactivado sedes judiciales históricamente reservadas para el terrorismo político, como las que en su día juzgaron a la RAF, para procesar ahora a quienes realizan actos de desobediencia civil no violenta contra empresas de armamento israelí; incluso la consigna «desde el río hasta el mar» se castiga sistemáticamente con multas y procesos penales.
Asier y Youssef: de reconocer Palestina a perseguir activistas
El periodista kurdo-alemán Hüseyin Doğru fue sancionado extrajudicialmente por la Unión Europea, condenado a lo que solo puede describirse como una muerte civil: sin poder trabajar ni operar una cuenta bancaria, por el simple hecho de cubrir periodísticamente la represión al movimiento de solidaridad palestino en Berlín.
El patrón es demasiado consistente para ser casualidad. Mientras el prestigio diplomático de Israel se erosiona frente a la evidencia del genocidio televisado, sus aliados occidentales activan, uno tras otro, los aparatos represivos internos contra las voces que documentan esa evidencia. No hace falta creer en una conspiración centralizada para notar la coordinación de fondo: basta con revisar el calendario de detenciones, condenas y sanciones que se acumulan en Londres, Berlín, Bilbao.
Lo que está realmente en juego
Reducir este caso a una anécdota judicial vasca sería un error de lectura. Lo que se juzga aquí, en el fondo, no es si dos personas administraron un canal de Telegram o asistieron a unas charlas con un embajador.
Lo que se juzga es si la solidaridad internacionalista con un pueblo sometido a ocupación, considerada legítima incluso por el propio derecho internacional y reconocida en su momento por la Asamblea General de Naciones Unidas, puede seguir ejerciéndose sin que el Estado que dice condenar el genocidio termine, en la práctica, persiguiendo a quienes se organizan contra él.
España puede seguir levantando la voz en Bruselas y en Nueva York. Pero mientras su Comisaría General de Información allane domicilios en Bilbao y su Ertzaintza cargue contra vecinos solidarios en Getxo, ese gesto diplomático se sostiene sobre una base bastante más frágil de lo que el Gobierno quisiera admitir.
No se puede reconocer a Palestina en un comunicado y criminalizar a quienes la defienden en la calle sin que, tarde o temprano, esa contradicción termine pasando factura política.
Represión, mentiras y detenciones. Dos miembros de Iranekin Bat Euskal Herría, detenidos y en la Audiencia Nacional - Comité de Apoyo a Irán - Iberia