Cuando los documentos contradicen al discurso oficial
Publicación original en El Común el 17 de julio de 2026
FUENTE: Substack de Machete – How to fund a genocide and get away with it. The spanish case, traducido y editado por Gregorio Segovia
Publicación original en El Común el 17 de julio de 2026
FUENTE: Substack How to fund a genocide and get away with it. The spanish case, traducido y editado por Gregorio Segovia
¿Qué ocurre cuando las declaraciones políticas chocan con los contratos publicados por la propia Administración? A partir de expedientes oficiales, informes jurídicos y datos de contratación pública, este trabajo examina las relaciones armamentísticas entre España e Israel desde octubre de 2023 y plantea una conclusión incómoda: lejos de haberse interrumpido, los vínculos comerciales con la industria militar israelí habrían continuado mediante mecanismos que cuestionan la credibilidad del supuesto embargo anunciado por el Gobierno.
A pesar de la narrativa, es decir, «el compromiso del gobierno de no vender ni comprar armas desde Israel desde octubre de 2023”, como declaró el propio presidente Sánchez en sede parlamentaria (10 de abril de 2024), los hechos respaldados por los documentos oficiales publicados en la Plataforma de Contratación del Estado dicen otra cosa. En dicha comparecencia parlamentaria, Sánchez afirmó que “desde el 7 de octubre, España no ha realizado ninguna operación de compraventa de armas con Israel: ninguna. Quiero que eso quede claro para que, lógicamente, toda la ciudadanía española también lo tenga claro.” (sesión plenaria página 65). Sin embargo, la investigación realizada por la entidad independiente Centre Delàs de Estudios por la paz muestra que “desde el 7 de octubre de 2023, empresas de defensa y seguridad israelíes, sus filiales o terceros vinculados a productos israelíes han sido adjudicatarios de al menos 46 contratos por instituciones españolas, con un valor total superior a 1.044 millones de euros. La mayor parte del valor de estos contratos está relacionada con las empresas Elbit Systems y Rafael”. El informe del Centre Delàs Collateral profit (junio 2025) analiza las relaciones militares España-Israel, las cuales son aún más profundas que las reflejadas en el anterior Business as usual publicado en julio de 2024, concluyendo que:
- Crecimiento de los contratos: Lejos de detenerse, los lazos armamentísticos se han fortalecido, con más contratos y un mayor valor económico adjudicados a la industria militar israelí por el Ministerio de Defensa de España.
- Colaboración industrial: Nunca antes había habido tantas empresas españolas o con sede en España desarrollando proyectos conjuntos con empresas israelíes de armamento.
- Importaciones frente a exportaciones: El informe denuncia que, aunque España asegura haber detenido las exportaciones de armas a Israel, las importaciones de armamento y tecnología militar israelí a España han aumentado considerablemente, convirtiendo el intercambio en un negocio lucrativo.
El presidente Sánchez intentó sin éxito desacreditar el informe (véase la Declaración pública del Centre Delás). Fue entonces cuando dijo: «No comerciamos con un Estado genocida». Los hechos demuestran lo contrario. Los documentos oficiales no pueden ser negados. El gobierno había afirmado haber establecido un embargo, deteniendo de facto las operaciones de venta de armas con la entidad genocida. Como se evidencia en el mencionado informe del Centre Delàs, “el grueso de las relaciones armamentísticas entre España e Israel no solo se han mantenido, sino que son más vibrantes, abundantes y lucrativas que nunca”.
Después de que la evidencia de cómo el gobierno ha estado financiando el genocidio en Gaza quedara clara y se hiciera pública, incluso en medios de comunicación de derechas, la aparente postura de apoyar a Palestina y a los palestinos no bastó para calmar la indignación pública. La demanda de la sociedad española de un embargo de armas urgente, formal y exhaustivo se convirtió en una necesidad. La cronología que se describe a continuación muestra cómo el Gobierno y sus aliados han convertido esta necesidad en una oportunidad para la política de fachada.
El 20 de mayo de 2025 se produjo la votación en el Congreso en la que la mayoría apoyó la consideración del proyecto de ley que permitiría un embargo total de armas contra estados investigados por genocidio o crímenes de guerra. El gobierno lo apoya, alegando que ya existía un embargo de facto. Pero este proyecto de ley podría tardar meses en ser aprobado. Como advirtió un grupo de expertos legales (Juristas por Palestina), el gobierno y sus partidarios no estaban recurriendo al mecanismo de embargo de armas inmediato, mediante un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. “No hacerlo permite a sabiendas la continuación del exterminio”, señaló Juristas por Palestina. De hecho, el mismo día en que se estaba votando esta iniciativa en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había matizado la petición de compras puntuales a Israel. “Habría que ver en cada momento si son absolutamente imprescindibles para la seguridad de nuestros militares”, señaló en declaraciones a la prensa a la entrada de la cumbre de ministros de Defensa de la UE en Bruselas.
Ante la imposibilidad de negar y ocultar la financiación de genocidio mediante la compra de armas a Israel, a partir del mismo 21 de mayo de 2025 comenzó la propaganda: “El Ministerio de Defensa considera difícil respetar un embargo de armas a Israel y cree que podría ser eludido a pesar de la existencia de una ley al respecto”. El 25 de mayo de 2025, en la reunión ministerial del Grupo de Madrid (Madrid+), el ministro de Asuntos Exteriores, Albares, afirmó que España había pasado de las palabras a los hechos, con la intención de impulsar un embargo sobre la venta de armas a Israel para detener la violencia en Gaza, y la aplicación de sanciones contra los colonos violentos y aquellos que obstaculizan la paz y la solución de los dos Estados. Ninguna mención a la compra de armas israelíes.
A medida que aumentan la indignación pública y las manifestaciones, en junio de 2025 el Ministerio de Defensa, a pesar de haber alegado la dificultad de cancelar “ciertos contratos” debido a la dependencia española de “cierta tecnología israelí”, filtró que habían iniciado el proceso para la revocación de la licencia de una empresa israelí (Rafael y su filial en España, Pap Tecnos) para fabricar 168 sistemas de misiles antitanque Spike LR2 en España para su uso en el equipamiento del Ejército. No hay mención de que se haya cancelado contrato alguno. La licencia, no el contrato. De hecho, como pueden ver, el contrato no ha sido anulado (foto 1). Ninguno de ellos lo ha sido, a pesar de que tanto los medios de comunicación nacionales como internacionales han informado de lo contrario (“España cancela un acuerdo de armas israelí de 700 millones de euros”, “España cancela un importante acuerdo de armas con Elbit en el segundo contrato israelí cancelado”, “Esta semana, el Ministerio de Defensa de España cancela contratos con Israel por valor de más de 1.200 millones”, “El Ministerio de Defensa de España cancela contratos con Israel por valor de más de 1.200 millones de euros”). Esta es la maquinaria de propaganda. Los documentos oficiales demuestran lo contrario.
Foto 1
Solo hay un contrato, adjudicado por el Ministerio del Interior, respecto al cual se ha iniciado el procedimiento administrativo para su resolución, pero no se ha anulado. El resto figuran como contratos en los que la publicación del anuncio de adjudicación ha sido anulada. Un experto legal sabrá la diferencia entre cancelar un contrato y anular la publicación de dicho contrato. Esto es lo que ocurrió con el contrato para el “Suministro de 168 sistemas de misiles contracarro SPIKE LR2” por un valor de 287 millones de euros para misiles Spike (foto 1), o con el “Contrato para el suministro del sistema de lanzacohetes de alta movilidad SILAM”, por un valor de 697 millones de euros (foto 2). La anulación de la publicación del anuncio de adjudicación no implica la cancelación del contrato, ya que no supone ni su desistimiento ni su resolución. (Análisis jurídico en profundidad).
Foto 2
Mientras tanto, según fuentes de la industria militar, otra solución para eludir el llamado embargo es el uso de materiales israelíes mediante licencias o compra indirecta. “No se necesita hacer negocio directamente con un país para comprar su tecnología. Es un poco más complicado, pero es cuestión de buscar los socios adecuados”, dice una fuente vinculada a un proyecto con componentes israelíes que podría verse afectado por el embargo. “Desde antes de esto (la votación en el Congreso) ya veníamos viendo cómo triangular ciertas cosas. Nadie quiere que haya polémica”, añade.
El Ministerio es consciente de que “hecha la ley, hecha la trampa”, y asumen que el sector industrial y el ejército podrían superar fácilmente ese obstáculo legal. “Si no entra directamente por aquí, entrará por otra vía, por otro país. El debate es, en efecto, simbólico. El mensaje es apoyar a Palestina y condenar a Israel, para llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Debemos distinguir entre cuestiones políticas, donde hay tolerancia cero, y cuestiones técnicas específicas”, declaró una fuente de Defensa.
El 23 de septiembre de 2025 entra en vigor el Real Decreto-ley 10/2025, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina. Lo que la comunidad internacional propalestina acogió como un valiente avance por parte de España, que estaría dando ejemplo y marcando el camino, no era, de hecho, un embargo, sino una forma de seguir financiando a la entidad mediante el comercio de armas sin control público, aprovechando un vacío legal: la posibilidad de establecer excepciones al embargo de armas (disposición adicional primera). El decreto de embargo incluye una cláusula que permite al gobierno conceder excepciones al embargo en casos de “perjuicio para el interés general nacional”.
Diferentes expertos legales advirtieron que, “en virtud de esta cláusula, se autorizarían nuevas exportaciones a Israel y nuevas importaciones desde Israel, y se acordaría asimismo no revocar las autorizaciones de exportación o importación que estuvieran vigentes antes de que entrara en vigor el embargo de armas contra Israel”. Esto es precisamente a lo que ha recurrido el Gobierno español desde que el Real Decreto-ley entró en vigor como, por ejemplo, la excepción concedida a Airbus para la fabricación de aviones y drones utilizando tecnología israelí. Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Gobierno español ha estado permitiendo la importación y exportación de armas y municiones hacia y desde Israel en 2025 y 2026. Los expertos que investigan las licencias de exportación de materiales a empresas armamentísticas de la entidad genocida ponen de manifiesto las relaciones militares ininterrumpidas con la colonia genocida. Otra forma de eludir el llamado embargo es montar armas israelíes en vehículos blindados españoles sin hacerlo público. Ese es el caso de los vehículos blindados Hunter fabricados en España y comprados por Letonia (760 millones de euros). El informe de marzo de 2026, “Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel”, del experto legal Eduardo Melero del Centre Delàs, realiza un analisis en profundidad la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina.
Para finalizar, el 25 de mayo de 2026 se celebró en el Congreso de Diputados la jornada “El fin al comercio de armas con Israel como obligación legal y respuesta ética al genocidio en Palestina” convocada por la Red Solidaria contra la Ocupacion de Palestina (RESCOP) y la plataforma “Fin al comercio de armas con Israel”. En dicha conferencia participó el propio Eduardo Melero donde explico que la aplicación del Real Decreto no ha significado ningún embargo sobre el comercio de armas con la entidad sionista (resumen).
El 24 de junio de 2025, el abogado palestino y profesor de la Universidad de Al-Quds, Munir Nuseibah, visitó España para participar en la conferencia “La complicidad de la comunidad internacional en el genocidio palestino” en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. Sus palabras sobre la especial complicidad del gobierno español nos abren los ojos: “El muro de impunidad del que ha gozado Israel no fue construido por Israel; fue construido por el resto del mundo. Fue construido por países que en muchas ocasiones han dicho lo correcto pero no han hecho lo correcto […] Cada país que quiere apoyar a Palestina dice: “Vamos a reconocer el Estado palestino”. Muchas gracias muchas, pero eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que actúen contra Israel […] Admitir que hay un genocidio y, sin embargo, mantener relaciones comerciales y compras de armas… Estos son problemas que aumentan la complicidad española”.